Iván Garau Díaz

Tribuna Invitada

Por Iván Garau Díaz
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La autodeterminación política boricua

La Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico establecen que el sistema democrático es fundamental para la vida de los ciudadanos de los Estados Unidos de América, donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público y el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.  

Cónsono con lo anterior, la Enmienda XIX de la Constitución de los Estados Unidos de América dispone que “el derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será negado o coartado por los Estados Unidos”. El plebiscito convocado para el próximo domingo para la descolonización de Puerto Rico es el ejercicio al derecho de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico como ejercicio básico de la libertad de los ciudadanos americanos protegida por la Constitución de los Estados Unidos.

Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación, y determinan libremente su estatus político con el propósito de perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. A los fines del plebiscito, el mismo tiene el propósito de poner fin al estatus colonial del ELA y el resultado del mismo debe ser respetado por los Estados Unidos.

El plebiscito del domingo se celebrará en forma libre, imparcial y democrática para que los electores seleccionen entre, (1) la Estadidad, (2) Libre Asociación/Independencia; y (3) el actual estatus colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Conforme las disposiciones de la Enmienda XIX de la Constitución de los E.U.A., el Congreso de los Estados Unidos deben implantar el resultado del plebiscito por imperativo del “derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos”. La Enmienda XIV de la Constitución Federal dispone además que, “el Congreso tendrá facultad para hacer cumplir las disposiciones de esta enmienda mediante legislación adecuada”.

 No puede construirse una tesis sobre que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha avalado el plebiscito porque el derecho al voto, al sufragio electoral de los ciudadanos de los Estados Unidos son derechos constitucionales que le pertenecen al ciudadano de los Estados Unidos, que el gobierno federal “no debe negar o coartar”.

El plebiscito del domingo se llevará a cabo mediante autorización del Congreso de los Estados Unidos, quien debe acatar su dictamen. Los que se oponen al plebiscito son los que violentan esa legalidad de libre determinación del pueblo puertorriqueño en la lucha por conquistar la estadidad.

La decisión del pueblo al escoger una de las fórmulas o alternativas el domingo será así inequívoca expresión del poder y el derecho de sufragio universal directo, secreto y libre de los ciudadanos americanos que vinculará al Congreso estadounidense.

Las pasiones histéricas de los líderes del majarete popular independentista no tienen sentido válidode utilidad social en el orden jurídico constitucional de los Estados Unidos y del Derecho Internacional Público a la auto determinación de los pueblos.

Vamos al encuentro de la libre determinación para descolonizar a Puerto Rico el domingo con el aval del Congreso y el gobierno de los Estados Unidos para que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión

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