Jesús Manuel Ortiz

Punto de vista

Por Jesús Manuel Ortiz
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La bomba fiscal aún no se ha desactivado

Hace unos días, la Junta de Supervisión Fiscal presentó un plan de ajuste de deudas que fue ampliamente celebrado por el actual gobierno. Lo único que le faltó a la gobernadora y su equipo, que es el mismo que el de Ricardo Rosselló, fue volver a celebrar la ocasión con otra de sus fotos emblemáticas en el Jardín Hundido de La Fortaleza, como aquella con la que Rosselló celebró la aprobación de su primer plan fiscal en el cual su propio gobierno avaló la reducción de pensiones que hoy vemos convertirse en realidad. La reacción al plan de ajuste ha girado en torno a si las sumas a pagar a los acreedores del gobierno son razonables y, por consecuencia, este es un buen plan para Puerto Rico.  

La posición de cada cual sobre si es o no un buen plan depende del cristal con que se mire y las motivaciones de cada observador. Sin embargo, me parece que el análisis debe ser otro. ¿Garantiza ese plan la provisión de servicios esenciales de la gente más vulnerable? ¿Asegura ese plan el ofrecimiento de servicios de educación, salud, seguridad, UPR y pago de pensiones de manera que Puerto Rico sea un país viable que pueda, a su vez, cumplir con sus acreedores? ¿Podrán los municipios prestar los servicios directos que la gente necesita porque se aprovecharon las herramientas de Promesa para restructurar sus deudas? ¿Podrá la UPR dirigir el crecimiento económico del país con más y mejores ofrecimientos? ¿Está nuestra gente más segura en las calles y se ha encauzado la reforma de la policía exitosamente? ¿Ha servido este proceso para reencaminar el desarrollo económico de Puerto Rico? La contestación a esas preguntas tiene que ser afirmativa, porque para eso se procuró que el Congreso le diera a Puerto Rico las herramientas necesarias para salir de la crisis fiscal que se cuajó por décadas. Esas son las preguntas que el gobierno del PNP tiene que contestar en la afirmativa antes de seguir sus celebraciones.  

Si después de tres años de litigio agresivo y cientos de millones de dólares de fondos públicos desembolsados para pagar por la Junta, sus abogados y consultores, así como el trabajo duplicado de los abogados y consultores de la AAFAF, no podemos contestar esas preguntas en la afirmativa, el proceso completo ha fracasado. Promesa ha fracasado. 

Nótese que en tres años no conocemos el resultado del informe del “task force” congresional requerido bajo la Sec. 409 de Promesa. Tampoco hemos visto el beneficio concreto del Título 5 de Promesa para el desarrollo expedito de proyectos críticos de infraestructura. Por el contrario, ahora vivimos con la nueva realidad de agua marrón en nuestras casas y relevos de carga a diario.  

De otra parte, si miramos los números las conclusiones no son muy alentadoras. El presupuesto del fondo general es de $9,051 millones. La responsabilidad de ese fondo con el pago de pensiones asciende ahora a alrededor de $2,200 millones. Además, si no se aprueban asignaciones adicionales para el programa de pareo de Medicaid iniciado bajo el Affordable Care Act, el gobierno tendría que cubrir cerca de $1,200 millones anuales adicionales para mantener operando el plan de salud gubernamental Vital. Otro factor que debemos calcular es la posibilidad de perder el crédito federal a empresas foráneas que nos genera cerca de $1,800 millones anuales y, ahora, como resultado del plan anunciado, añadir el servicio a de la deuda que son otros $1,500 millones. Esos cuatro renglones presentan un impacto potencial de más de $6,000 millones al fondo general, lo que dejaría menos de $3,000 millones anuales para cubrir el resto de las operaciones del gobierno y la provisión de servicios esenciales. Ese cuadro tétrico se documentó y se discutió ampliamente cuando la Junta y Promesa entraron en vigor. Tres años más tarde y luego de litigios, sueldos de asesores, contratos de abogados y consultores, no hemos adelantado gran cosa. La bomba fiscal que haría colapsar al gobierno no se ha desactivado.  

Como ven, la discusión real aquí tiene que ser si el gobierno tendrá la capacidad de cumplir con todas las obligaciones impuestas y a la vez proveer los servicios esenciales que necesita nuestra gente. Si la contestación a esa pregunta es no, entonces no se ha logrado nada y volveremos a enfrentar la quiebra y la crisis humanitaria que ella acarrea. Los acreedores del gobierno tampoco saldrán beneficiados. Este escenario, en mi opinión, está muy lejos de ser uno propicio para una celebración como la que han estado pautando en los medios de comunicación los dirigentes del actual gobierno. 

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