Juan R. Fernández

Tribuna Invitada

Por Juan R. Fernández
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Labor de excelencia sin contratos millonarios

El artículo de Carl Soderberg, La mayor hecatombe ambiental isleña, publicado el pasado viernes en este diario, además de oportuno recordatorio, nos sirve para evocar cómo era nuestra administración pública años ha.

El 3 de marzo de 1968, el buque cisterna Ocean Eagle derramó 3.7 millones de galones de petróleo crudo al encallar en los arrecifes a la entrada de la Bahía de San Juan. Al ocurrir, este derrame constituía el segundo mayor experimentado en el mundo causando la hecatombe mencionada, necesitando labor de limpieza extraordinaria durante 6 meses cubriendo la costa norte desde Fajardo hasta Arecibo.

La formidable labor fue liderada por servidores públicos puertorriqueños como los ingenieros Hamilton Ramírez y Rafael Cruz Pérez, entre otros funcionarios que abnegadamente “no se achantaron ante este mega desastre y literalmente dejaron su pellejo en esta gesta ambiental de grandes proporciones”. Nada de contratos millonarios para supuestas súper empresas, pero mucho de servicio público bien entendido y mejor implementado fue suficiente. Naturalmente, no faltaron numerosos buscones tratando de aprovecharse, pero como recalca Soderberg “se toparon con la muralla de integridad de Rafael Cruz Pérez y Pedro Gelabert” y, añado yo, con el más decidido apoyo del entonces gobernador Roberto Sánchez Vilella.

Tiempo después el 12 de abril de 2001 (Jueves Santo) – a dos meses de desempeñarme como Comisionado para Vieques – recibí llamada para acudir urgentemente ante la gobernadora quien me informaría recibió aviso que la Marina llevaría a cabo maniobras en Vieques comenzando en 15 días. Pero esta vez sería diferente y dio instrucciones para monitorear las maniobras indicando: “Comisionado usted se encarga de que mientras se estén llevando a cabo las maniobras haya funcionarios del gobierno representando al pueblo de Puerto Rico en el puesto de observación de la Marina”.

Una vez hechas las consultas para identificar la persona indicada para servir de consultor en tan delicada encomienda, surgió el nombre de Rafael Cruz Pérez de quien tenía solo leve recuerdo por su destacada participación en la extraordinaria gesta relacionada con el derrame del Ocean Eagle en 1968. Nos reunimos el sábado siguiente y quedé convencido estaba cualificado para liderar el equipo para el monitoreo de las maniobras. De nuevo, sin contratos millonarios ni súper empresas de fuera, el grupo de trabajo se constituyó con servidores públicos de la Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación y de otras agencias.

Baste decir que la calidad del trabajo realizado por el equipo fue tal que hubo ocasiones que nuestros datos fueron utilizados para “cuadrar” los recopilados por la Marina, eso sin mencionar las interminables horas en el puesto de observación durante las siete maniobras que debimos monitorear cumpliendo con el mandato de la gobernadora. Y así fue hasta que el sábado 8 de febrero de 2003 a las 12:44 de la tarde, desde las afueras del puesto de observación, junto al ya para entonces fraternal amigo Rafael Cruz Pérez y otros miembros del equipo observamos cuando desde el USS Ticonderoga se lanzó lo que sabíamos sería el último proyectil contra nuestra Isla Nena.

Si muy justificadas estuvieron las lágrimas que se deslizaron por nuestras mejillas cuando abrazándonos celebramos tan singular acontecimiento, igualmente justificado está el reconocimiento a los servidores públicos puertorriqueños que, con dedicación y peritaje sin igual, desde sus puestos de acción, lo hicieron posible.

Más todavía ahora, cuando al menor pretexto se dilapidan millones en supuestos expertos de muy dudoso merecimiento ignorando nuestros recursos humanos sin el menor esfuerzo por identificarlos reconociendo sus méritos.

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