Raúl Maldonado Gautier

Tribuna Invitada

Por Raúl Maldonado Gautier
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La búsqueda del bien común

Estamos ante una coyuntura histórica nunca antes vista. Un territorio luchando por estabilizar sus finanzas y desarrollar su economía dentro de un nuevo marco legal y económico sujeto a la legislación Promesa y su brazo operacional, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). No existen suficientes precedentes y experiencias que permitan tomar decisiones con cien por ciento de garantías en el resultado. La búsqueda del bien común para nuestro pueblo, requiere tomar posiciones y decisiones que no aspiren a la perfección ni económica ni jurídica, pero si al mayor bienestar de nuestra gente.

El acuerdo alcanzado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, logra el bien común en una nueva realidad con limitaciones y restricciones legisladas por el Congreso de los Estados Unidos en Promesa. La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico y la propuesta del senador, Miguel Romero, perfeccionan el acuerdo logrado por el gobernador sin afectar los beneficios obtenidos en el acuerdo. Yo creo firmemente en la separación de poderes y tenemos que trabajar asuntos como estos con la Asamblea Legislativa. El acuerdo y la Ley 80 requieren un cambio de paradigma decisional, repensando principios económicos y filosóficos a la luz de Promesa. Opino que el acuerdo y su integración con el poder legal de la JSF sobre el presupuesto nos obligan a enfocar de manera distinta las opciones de decisiones disponibles.

Este nuevo paradigma requiere que decisiones económicas y principios filosóficos de gobernanza se flexibilicen en búsqueda del bien común para nuestro pueblo. Estoy claro, que tanto el ejecutivo como el legislativo coinciden en buscar lo mejor para el pueblo. Tenemos un tiempo limitado para buscar alternativas que permitan sostener el acuerdo, perfeccionar el proyecto presentado en la Cámara y la recomendación del senador Romero, pero estoy seguro de que el bien común para nuestro pueblo debe ser el norte del Ejecutivo y del Legislativo. Al final, cada uno tendrá que asumir los resultados de sus actos.

La JSF tiene bajo Promesa discreción para determinar nuestro presupuesto y ya notificaron qué partidas, como la de $345 millones para desarrollo económico y el bono de Navidad de los servidores públicos, se eliminarían. Bajo Promesa, no tenemos acceso al tribunal para ser exitosos litigando esa discreción en cuanto al presupuesto. Sé que algunos argumentan que la JSF puede no cumplir con el acuerdo y variar las condiciones. Pero, en el caso de incumplimiento de la JSF, tenemos fundamentos legales robustos de violaciones contractuales que litigaríamos con todo nuestro esfuerzo y pasión. Sin acuerdo no tenemos acceso para un litigio exitoso en el tribunal, con el acuerdo tenemos vías de litigio para ejercer nuestros derechos.

En la discusión pública se ha dado mucho énfasis a la parte económica de Ley 80, sin embargo, tenemos que incluir en la evaluación la parte filosófica de la visión de la JSF en cuanto a la estrategia de competitividad global para la creación de empleos y desarrollo económico. Opino que derogar la Ley 80 no es una píldora mágica que crea un desarrollo económico sostenible, pero es parte de varias medidas que en conjunto crean un ambiente de creación de empleos y desarrollo económico sostenible reduciendo el costo de hacer negocios en Puerto Rico.

Estoy en Washington en reuniones con congresistas y, desde su óptica limitada por la distancia y falta de información, ven que no nos pusimos de acuerdo con la JSF en un asunto puntual, y me preocupa que este ambiente termine en una enmienda dándole más poderes a la JSF.

Escribo estas breves palabras con humildad y respeto, enfatizando en mi absoluta convicción de que la separación de poderes es pilar de nuestra democracia. Sin embargo, todavía hay espacio para buscar el bien común de nuestro pueblo y continuar la ruta trazada por nuestro gobernador.

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