Kenneth McClintock

Tribuna Invitada

Por Kenneth McClintock
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La búsqueda del consenso

El tranque presupuestario que han protagonizado la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobernador, el Senado y la Cámara, podría no ser tan negativo como inicialmente parece. Si, como resultado del tranque, las partes adoptan una actitud de búsqueda de consenso, podría darse un entendimiento de cuáles son los límites de poder de la Junta, diferenciando entre lo que quieren de lo que pueden hacer, y que se reconozca que el Ejecutivo y Legislativo que formulan política en nuestro sistema republicano no están tan distantes como parecería.

La Junta entiende que tiene el poder bajo Promesa de imponerle al gobierno precondiciones no relacionadas con el presupuesto a la evaluación de certificar el presupuesto que hayan promulgado la Asamblea Legislativa y el Gobernador.

Ricardo Rosselló, Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez coinciden, y creo que los tres tienen razón, que la Junta no puede requerir una acción sobre un asunto sobre el cual no tienen jurisdicción, como precondición para certificar el presupuesto producido por el gobierno electo de Puerto Rico que cumpla con los parámetros numéricos previamente fijados por la Junta. En ésta, a Rosselló, Rivera Schatz y Méndez les asiste la razón.

Cuando el “Indian Territory of Oklahoma” peticionó su admisión a la Unión, el Congreso aprobó una Ley de Admisión en 1907 que lo condicionaba a que mudaran su capital territorial a Guthrie (un pueblito que hoy tiene una tercera parte de la población de Morovis), un requerimiento que no hacía sentido ni entonces ni ahora. En el caso de Coyle versus Smith, el Tribunal Supremo de nuestro país dictaminó que el Congreso no podia imponer como precondición a la Estadidad aquello que no tenia jurisdicción para imponerle a un estado. Paralelamente, si la Junta no puede legislar o imponer la derogación de una ley laboral por su cuenta, entiendo que no puede lograr ese objetivo imponiéndole como precondición para certificar el presupuesto promulgado por el gobierno electo por el pueblo sin que así el Congreso lo haya autorizado.

La Junta tiene muchos poderes delegados por el Congreso que está ejerciendo correctamente, pero el de imponer un oficial en la Autoridad de Energía Eléctrica, como ya ha dictaminado el Tribunal Federal, no es uno de ellos. De igual manera, si se mantiene la demanda radicada por Rosselló y apoyada por Rivera Schatz y Johnny Méndez, el tribunal podría determinar que requerir la derogación de la Ley 80 de 1976, tampoco.

Si la Junta quiere eliminar el riesgo de que ese sea el dictamen, debe reevaluar el presupuesto promulgado con miras a certificarlo y quizás pedir que sea enmendado en algún punto con el cual no pueda vivir. El Gobernador y los presidentes podrían considerar atender esa solicitud, de la Junta, al igual que considerar la enmienda sugerida por Rivera Schatz derogando prospectivamente la Ley 80 si entienden que eso mejore el clima de inversióny creación de empleos sin despojar a ningún empleado de sus derechos actuales.

Este es un gran momento para buscar consenso. Le conviene a Puerto Rico, le conviene a mi Partido Nuevo Progresista y le conviene a la Junta de Supervisión Fiscal.

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