Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La CEE: el monstruo a vencer

La historia es la de siempre. La Comisión Estatal de Elecciones es incorregible.

En realidad, lo ha sido hasta ahora porque ningún gobernador, ni Legislatura alguna, ha mostrado Interés suficiente en corregir a un ente que más bien parece un monumento a la politiquería.

Protegida por todas las administraciones de gobierno y refugio de políticos, parientes y acólitos, la CEE traga fondos públicos como si no hubiera un mañana. Peor aún, es insaciable.

La crisis que afecta negativamente al gobierno y, en consecuencia, a la mayoría de los ciudadanos, no ha tocado nunca a la CEE. Al menos, los partidos políticos que la controlan se las han arreglado siempre para ponerse de acuerdo en lo que a presupuesto se refiere.

La exigencia más reciente de fondos es una petición a la Junta de Supervisión Fiscal para que le apruebe $1.8 millones para contratar personal transitorio para atender las primarias locales y las presidenciales. Las primarías tendrán un costo estimado de $17.7 millones.

Con los 651 empleados que tiene, de los cuales 552 son de confianza de los partidos políticos, no le da para manejar las primarias. Ni siquiera porque se dan una vez cada cuatro años, como la mayor parte de las actividades del organismo electoral, lo que significa que la agenda de trabajo es bastante limitada en los tres años que le sobran de cada cuatrienio.

Esta vez, sin embargo, a la CEE podría resultarle más complicado obtener el dinero que quiere para personal adicional. La Junta Fiscal acaba de advertirle al presidente del organismo que no ha cumplido con el compromiso de poner en vigor medidas de ahorro acordadas en el plan fiscal certificado.

A la Junta hay que decirle que lo peor está por venir, pues también queda pendiente de su visto bueno un pedido de $22.5 millones para las elecciones del 3 de noviembre, sin contar el presupuesto de gastos operacionales para el año fiscal próximo, que arranca el 1 de julio. Para ser justos, hay que decir que esos $22.5 millones representan un gran avance si lo comparamos con los $40 millones adicionales que la CEE pidió para los comicios de 2016, que terminaron costando sobre $100 millones gracias en gran medida al gasto del escrutinio electrónico.

Está más que probado que el país necesita una reforma electoral, pero no una como la que propone el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que no cuenta con el consenso de los partidos políticos ni garantiza los derechos de todos los electores.

Hay que regresar al consenso y volver a poner el diseño del proceso en manos de los expertos antes de someter una reforma a los comentarios y propuestas de los ciudadanos, que son indispensables en la ecuación.

Solo así, entre todos, derrotaremos al monstruo burocrático, politiquero e innecesariamente costoso que es la actual CEE.

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