Efrén Rivera Ramos

Tribuna Invitada

Por Efrén Rivera Ramos
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La colonia es más que el ELA

Las decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la aprobación en la Cámara de Representantes estadounidense del proyecto PROMESA han generado lo que pocas veces se logra en nuestro país: un consenso bastante generalizado sobre algún asunto.

Se trata de la aceptación de que la condición política presente de Puerto Rico es decididamente colonial. Es una relación de clara subordinación política y económica que nos deja prácticamente sin herramientas propias para reencaminar nuestra maltrecha economía con plena responsabilidad política sobre el proceso.

Esto se había dicho antes. Y no era menos cierto antes que ahora. Pero las condiciones particulares que se generaron al calor de la Guerra Fría y los discursos oficiales circulados desde el poder llevaron a muchos a aferrarse a otra interpretación de la realidad. Esa visión ha quedado sin sostén material o retórico.

Los eventos recientes conducen a, entre otras, las siguientes conclusiones.

Primero, los que creían que los tribunales iban a “resolver” el problema del status de Puerto Rico deben pensar en otras estrategias. El tribunal no ha “resuelto” el problema del status. Simplemente nos ha recordado cómo debe caracterizarse jurídicamente la situación actual. Ha sugerido, además, que cualquier cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos debe buscarse en los foros políticos.

El esquema jurídico vigente se forjó en los famosos Casos Insulares de principios del Siglo 20. En este sentido, el caso de Commonwealth v. Franklin (el de la llamada “quiebra criolla”) es todavía más elocuente que el de Sánchez Valle (el caso de la doble exposición). Pues en Franklin, sin necesidad de mencionar uno solo de los Casos Insulares, el tribunal opera plenamente dentro de la lógica de esas decisiones. Éstas establecieron que el Congreso ostenta poderes plenos sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial. Y la cláusula territorial es, precisamente, la única base que le permite al Congreso excluir a Puerto Rico de la cobija del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras y, a la vez, no permitirle adoptar su propia ley sobre el particular. No hay nada nuevo bajo el sol imperial.

En este contexto no debe pasarse por alto la decisión de días recientes del Tribunal Supremo de no aceptar revisar un caso relacionado con Samoa Americana, un territorio no incorporado de Estados Unidos cuyos habitantes no son ciudadanos estadounidenses. Los demandantes reclamaban que el mero nacimiento en Samoa les convertía en ciudadanos de Estados Unidos por virtud de la Enmienda 14 de la Constitución, que dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”. Los tribunales no les dieron la razón.

Tanto los demandantes como un nutrido grupo de académicos estadounidenses instaron a que se dejara de lado la doctrina de los Casos Insulares, por razones varias. El tribunal federal de apelaciones para el Distrito de Columbia no aceptó la invitación. Más bien reafirmó y extendió diversos aspectos de esa doctrina para denegar las pretensiones de los reclamantes. Esa fue la decisión que el Tribunal Supremo estadounidense se negó a revisar, dejándola en vigor. Los Casos Insulares siguen vivitos y coleando.

Segundo, no debemos confundirnos. El Estado Libre Asociado no es la colonia. Eso que llamamos el ELA es solo el armazón jurídico-institucional que asumió la relación colonial a partir de cierto momento. Hubo colonia antes y durante el ELA y puede seguir habiéndola después del ELA. La Junta de Control Fiscal, si llegara, sería un buen ejemplo de una situación colonial post-ELA. Igualmente podría serlo cualquier “nueva fórmula” que alguien se inventara para modificar el andamiaje jurídico-político corriente. Hay, pues, que estar en vela.

Tercero, si de veras se quiere descolonizar a Puerto Rico las fuerzas políticas y los diversos sectores sociales del país deben hacerse cargo, con apoyo de la comunidad internacional, del proceso político responsable y efectivo que conduzca a ese fin.

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