Antonio Weiss

Tribuna Invitada

Por Antonio Weiss
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La colonia olvidada de los Estados Unidos

Esta columna fue redactada por Antonio Weiss y Brad Setser.

Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, los estadounidenses en el continente estaban horrorizados por la magnitud de los daños: miles de muertos, cientos de miles de desplazados, millones de personas sin electricidad y, según algunos estimados, pérdidas económicas de hasta 90 mil millones de dólares. Lo que pocos registraron, a medida que el número de víctimas del huracán y la terrible insuficiencia de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos se hicieron evidentes, fue una causa subyacente de la condición de Puerto Rico: que la isla sigue siendo efectivamente una colonia estadounidense.

Desde 1898, cuando Washington tomó posesión de la isla al final de la Guerra Hispano-Americana, a Puerto Rico no se le ha concedido soberanía ni se le ha integrado plenamente en los Estados Unidos. En cambio, ha permanecido como un "territorio no-incorporado", un lugar que es a la vez parte del resto del país, pero separado.

Los residentes de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, sujetos a las leyes federales y elegibles  para el reclutamiento, pero no gozan de los mismos derechos políticos que sus compatriotas estadounidenses. Tienen un solo miembro sin derecho a voto en la Cámara de Representantes y, aunque pueden votar en las primarias presidenciales de Estados Unidos, no tienen votos en el Colegio Electoral en las elecciones generales.

Sin tener voz ni voto en las políticas federales que lo gobiernan, Puerto Rico ha sido descuidado por Washington durante décadas. Esta negligencia ha sido costosa: incluso antes de María, la economía de Puerto Rico llevaba años en declive. Entre 2004 y 2017, el producto económico cayó un 14 por ciento. Si se midiera a Puerto Rico como un país, esa caída estaría entre las peores de la historia reciente para una nación que no está en guerra. Esta crisis económica ha provocado una ola de emigración: la población de Puerto Rico ha pasado de más de 3,8 millones en 2006 a menos de 3,2 millones en la actualidad.

La isla tiene una tasa de pobreza que duplica la de Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos: alrededor del 45 por ciento de los residentes de Puerto Rico y el 56 por ciento de sus niños viven por debajo de la línea de pobreza a nivel federal.

El statu quo no puede continuar. La constante negligencia económica y política de Estados Unidos hacia la isla es una mancha en la autoridad moral del país. Puerto Rico no eligió entrar a los Estados Unidos, sino que fue conquistado en una guerra expansionista, y sus deseos han sido ignorados desde entonces. Para que Estados Unidos siga siendo una voz a favor de la democracia y la autodeterminación en el escenario internacional, debe poner fin a su injusta relación colonial con Puerto Rico y el dañino purgatorio que representa el actual status de la isla.

La decisión sobre el futuro de la isla debe ser dejada en manos del propio pueblo de Puerto Rico, ya que no es sólo una cuestión económica sino también de identidad, patrimonio y valores. Sin embargo, por complejo que sea el proceso, el gobierno de Estados Unidos debe comprometerse a trabajar con Puerto Rico para resolver el status de la isla de una vez por todas. Los estadounidenses en el continente deben estar dispuestos a apoyar cualquier decisión que tome el pueblo puertorriqueño, ya sea revisar el actual status de Estado Libre Asociado, convertirse en una nación independiente o unirse a la Unión Federal como el 51º estado de los Estados Unidos.

Una cuestión de status

En 1898, Estados Unidos ganó la Guerra Hispano-Americana y obligó a España a ceder el control de Guam, las Filipinas y Puerto Rico. La soberanía sobre Puerto Rico fue transferida al Congreso, que bajo el Artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos tiene poder plenario sobre todos los "Territorios u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos". De inmediato,  el gobierno federal tuvo que determinar la situación constitucional de los territorios recién conquistados

En una serie de decisiones controvertidas conocidas como los Casos Insulares, la Corte Suprema resolvió esta cuestión distinguiendo entre territorios incorporados -los destinados a la futura estadidad, como Hawai- y territorios no incorporados, incluyendo a Puerto Rico.

Aunque el Tribunal dictaminó que las libertades personales fundamentales garantizadas por la Constitución se extendían a las personas en los territorios no incorporados, esos territorios no gozarían automáticamente de todas las garantías constitucionales, como la ciudadanía por nacimiento y el derecho a un juicio por jurado.

Había una clara dimensión racial en los fallos: en la opinión de la Corte en el caso Downes v. Bidwell de 1901, el juez Henry Billings Brown se preocupó de que si Puerto Rico era reconocido como parte de los Estados Unidos, entonces sus habitantes, "sean salvajes o civilizados", tendrían "todos los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos". En su disenso premonitorio el juez John Marshall Harlan criticó el fallo mayoritario  por permitir que el Congreso implantara en nuestras instituciones republicanas un sistema colonial como el que existe bajo los gobiernos monárquicos".

Estados Unidos designó inicialmente un gobierno colonial en Puerto Rico. Pero la resistencia local condujo a la Ley Jones de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los habitantes de la isla y creó un Senado puertorriqueño elegido por el pueblo. En 1947, el Congreso aprobó una ley que permitía a los puertorriqueños elegir a su propio gobernador. Tres años después, impulsado en parte por el deseo de cumplir con las reglas de la ONU relacionadas con el autogobierno de los territorios, permitió que la legislatura puertorriqueña redactara su propia constitución, sujeta a la aprobación del Congreso. Desde la ratificación de su constitución en 1952, Puerto Rico ha sido oficialmente llamado un "Commonwealth" en inglés, pero su título en español de "Estado Libre Asociado" implica un grado de autonomía que Washington, a pesar de las reformas en parches, consistentemente ha fallado en otorgarle.

La cuestión del status ha definido desde hace mucho tiempo la propia política de Puerto Rico. Los principales partidos políticos de la isla se centran en su apoyo a la estadidad o al Estado Libre Asociado (ELA), y las políticas se diseñan y descartan sistemáticamente en vista de sus implicaciones para una u otra posición. La isla ha celebrado cinco referéndums no vinculantes sobre su status político. Los dos primeros, en 1967 y 1993, señalaron una preferencia por la opción del Estado Libre Asociado (ELA), pero en el tercero, celebrado en 1998, "ninguno de los anteriores" obtuvo poco más de la mitad de los votos. Los más recientes parecen mostrar un mayor apoyo a la estadidad. En 2017, por ejemplo, en un referéndum diseñado por el actual gobierno estadista, la estadidad obtuvo el 97 por ciento de los votos, pero la participación fue de apenas el 23 por ciento, ya que tanto los pro-independencia como los pro-ELA

boicotearon el referéndum.

El gobierno federal, por su parte, se ha conformado en gran medida con mantener la relación colonial.

En respuesta al referéndum de 1967, en 1970, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, creó un grupo asesor ad hoc sobre Puerto Rico que recomendó que se permitiera a los residentes de Puerto Rico votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero esa propuesta no obtuvo el apoyo del Congreso, y una recomendación posterior para otorgar mayor autonomía a la isla fue rechazada por el sucesor de Nixon, Gerald Ford, quien estaba a favor de la estadidad.

Durante las últimas tres décadas, el Congreso ha considerado periódicamente legislación para abordar el status de Puerto Rico, pero la única medida aprobada fue una pequeña asignación en 2014 que otorgó fondos federales para una consulta sin ningún tipo de compromiso para actuar sobre los resultados. Y así  prevalece el statu quo.

Una historia de negligencia

Estados Unidos no sólo ha afirmado su soberanía política sobre Puerto Rico, sino que fundamentalmente ha dado forma a la economía de la isla. La moneda de Puerto Rico es el dólar estadounidense, sus principales bancos están supervisados por organismos reguladores estadounidenses y su comercio con los 50 estados se rige por la ley estadounidense. Cuando un producto extranjero entra a Puerto Rico, pasa por la aduana de los Estados Unidos y no enfrenta más aranceles o restricciones comerciales.

El salario mínimo federal se aplica en Puerto Rico desde 1983. Los residentes puertorriqueños pueden moverse libremente dentro de los Estados Unidos, y los estadounidenses pueden visitar Puerto Rico sin pasaporte. Sin embargo, la isla no está completamente integrada con el continente: a efectos del impuesto sobre la renta, Puerto Rico está legalmente en el extranjero. Las compañías que operan en Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre las ganancias obtenidas en la isla. Y aunque los residentes puertorriqueños pagan impuestos locales y estadounidenses, la mayoría no paga impuestos federales sobre la renta. Como resultado, reciben sólo algunos de los beneficios federales disponibles para los estadounidenses en el continente -Seguro Social, por ejemplo, pero no el Ingreso de Seguro Suplementario.

En ocasiones, Puerto Rico se ha beneficiado de sus lazos económicos con los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios industriales abrieron fábricas en Puerto Rico, atraídos por los bajos salarios de la isla, la creciente mano de obra calificada y el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. El crecimiento medio anual superó el cinco por ciento tanto en los años 50 como en los 60, y los niveles de ingresos, aunque bajos en comparación con los del continente, fueron muy superiores a los del resto del Caribe. Muchos veían a Puerto Rico como la respuesta capitalista y democrática a la Cuba comunista.

Sin embargo, el auge de la isla en la posguerra no fue construido para durar.

El crecimiento de Puerto Rico dependía en gran medida de las políticas federales que lo protegían de la competencia internacional. Esas políticas comenzaron a cambiar después de la década de 1970, cuando Estados Unidos se integró más profundamente en la economía mundial. En 1973, cuando los Estados Unidos abandonaron su sistema de cuotas de importación de petróleo, que había privilegiado las importaciones de petróleo puertorriqueño y, por lo tanto, ayudó a estimular el desarrollo económico de la isla, la pujante industria petroquímica de Puerto Rico se derrumbó.

A medida que los sectores manufactureros tradicionales de Puerto Rico estaban expuestos a la competencia global, la isla se hizo cada vez más dependiente de su condición de paraíso fiscal offshore para las empresas estadounidenses. Un cambio de 1976 en el Código de Impuestos de los Estados Unidos, Sección 936, permitió a las empresas repatriar los ingresos obtenidos en Puerto Rico al territorio continental de los Estados Unidos sin tener que pagar impuestos. Esto hizo de la isla un destino atractivo para las compañías estadounidenses, particularmente las de la industria farmacéutica, que podían transferir los derechos de propiedad intelectual de un medicamento de gran valor a una subsidiaria puertorriqueña, fabricar el medicamento en Puerto Rico, cobrar un alto margen de ganancia en sus ventas a los clientes en el continente, y luego repatriar las ganancias libres de impuestos. Con el tiempo, otras industrias de gran rentabilidad que dependen de la propiedad intelectual también se aprovecharon de la condición impositiva tributaria de Puerto Rico, pero no lograron generar mucho empleo local.

Como resultado, incluso conestos incentivos contributivos, en las décadas de 1970 y 1980 Puerto Rico nunca replicó el rápido e importante crecimiento de las décadas de 1950 y 1960. Para cuando Estados Unidos revocó la Sección 936 (a través de una eliminación gradual a diez años que terminó en 2006), las políticas federales que habían apoyado a la economía puertorriqueña -altos aranceles externos, cuotas de importación de petróleo y repatriación libre de impuestos de las ganancias en el extranjero- habían desaparecido.

Cuando la burbuja inmobiliaria de la isla estalló en 2008, la economía de Puerto Rico colapsó, y luego continuó decayendo a pesar de que el continente se recuperó. No es de extrañar que el gobierno de la isla comenzara a enfrentarse a una persistente escasez de ingresos y déficits presupuestarios, que financiaba mediante endeudamiento excesivo (y a menudo oculto) y mediante la venta de cualquier activo negociable que se mantuviera en su ya diezmado sistema público de pensiones.

Entre 2005 y 2017, la deuda pública total de la isla aumentó de 35 mil millones de dólares a más de 70 mil millones de dólares, o 20 mil dólares por cada puertorriqueño. La última vez que Puerto Rico intentó emitir bonos, en 2014, las tres principales agencias de calificación crediticia de Estados Unidos los calificaron como chatarra.

Puerto Rico ha tenido su propia porción de errores en política económica. El gobierno de la isla nunca dominó completamente sus propias finanzas, careciendo de sistemas modernos para controlar y monitorear el gasto de sus partes constituyentes. Celebró acuerdos fiscales opacos y con poca visión de futuro con empresas multinacionales que terminaron sacrificando los ingresos a largo plazo para hacer frente a los déficit presupuestarios a corto plazo. Recortó la inversión pública a medida que la economía se contraía, debilitando la infraestructura de la isla, y abandonó iniciativas críticas, como la modernización de la peligrosamente obsoleta red eléctrica de Puerto Rico.

Pero el gobierno de Estados Unidos también tiene una gran responsabilidad en la difícil situación de la isla. Cuando se derogaron las políticas federales que ayudaban al desarrollo económico de Puerto Rico, no se establecieron alternativas duraderas. Washington ignoró en gran parte a Puerto Rico hasta que quedó claro que la isla estaba en graves dificultades financieras y que incumpliría con su deuda sin las protecciones que se otorgan a las municipalidades de los Estados Unidos cuando se declaran en quiebra. En 2016, mucho antes del huracán María, el Congreso aprobó una ley para crear un proceso similar a la bancarrota que permitiría reestructurar la deuda de la isla en los tribunales.

También estableció una Junta de Supervisión encargada de controlar las finanzas de la isla y de garantizar que, con el tiempo, vuelva a tener acceso a los mercados de crédito. Aunque necesaria para obtener apoyo bipartidista para el proyecto de ley, la creación de la Junta -consiete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos- fue un duro recordatorio de la condición colonial de la isla.

Sin embargo, el Congreso no hizo nada para resolver la integración incompleta de Puerto Rico en la red de seguridad federal, dejando a los residentes de la isla más expuestos a la pobreza que los ciudadanos estadounidenses en el continente. Los residentes de Puerto Rico no reciben el Crédito Federal por Ingreso Devengado, que complementa los ingresos de los estadounidenses de bajos recursos.

Los beneficios de EITC pueden ser sustanciales: en el continente, una familia con dos hijos que gane el ingreso medio puertorriqueño de $20,000 recibiría alrededor de $5,600 en créditos fiscales cada año. Y aunque Puerto Rico participa en mayor o menor grado en otros programas federales de protección social, incluyendo Medicaid y Medicare, un estudio realizado en 2014 por la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que Puerto Rico recibió entre $1,700 millones y $5,400 millones menos en beneficios federales anuales de lo que recibiría si fuera un estado.

Primero lo primero

La primera prioridad para los políticos estadounidenses y puertorriqueños debe ser reducir la abrumadora carga de la deuda de la isla, que, medida tanto en términos per cápita como en relación con el PIB, es mucho mayor que la de cualquier otro estado de los Estados Unidos. El servicio de la deuda de Puerto Rico asciende a alrededor del 20 por ciento de sus ingresos anuales, comparado con menos del cinco por ciento para un estado promedio.

Ahora que Puerto Rico ha entrado en el proceso de bancarrota establecido por el Congreso en 2016, debería poder reducir su deuda. Pero no hay garantía de que una vez que Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal y varios grupos de acreedores acuerden una reestructuración de la deuda, la isla saldrá con una carga de deuda verdaderamente sostenible.

Después de que la deuda haya sido reestructurada, la isla debe tener acceso a fondos federales para reconstruir su infraestructura crítica. Desde el huracán María, a Puerto Rico se le ha prometido una importante asistencia federal para mitigar desastres durante las próximas décadas. Aunque el monto total de esta ayuda podría alcanzar más de 80 mil millones de dólares, sólo la mitad ha sido autorizada por las agencias federales, y poco más de 10 mil millones de dólares habían llegado a la isla a principios de 2019. Es crucial que este dinero se utilice para modernizar la infraestructura desactualizada de la isla y no para pagar las deudas heredadas.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, por ejemplo, actualmente usa plantas de generación de energía que tienen 40 años de antigüedad y que queman petróleo para generar gran parte de la electricidad de Puerto Rico. Esta electricidad se distribuye a lo largo del terreno irregular y boscoso de la isla, a través de extensas líneas de transmisión, que son muy susceptibles a los vientos huracanados. Por lo tanto, la red eléctrica de Puerto Rico está expuesta tanto a los precios elevados del petróleo como a los daños causados por los desastres naturales. Puerto Rico necesita mejorar su generación de electricidad, reducir su dependencia de la energía importada invirtiendo en energías renovables y construir una red eléctrica resiliente que pueda resistir los futuros huracanes.

El gobierno de Puerto Rico también debe tomar medidas para mejorar el clima de negocios, al tiempo que reconoce que este no es el momento para implementar medidas de austeridad o reformas punitivas en el mercado laboral. El estímulo económico proporcionado por la reconstrucción post-María debería traducirse en un aumento a corto plazo de los ingresos fiscales de la isla, lo que permitiría al gobierno evitar algunos recortes presupuestarios previstos anteriormente, incluso en sus sistemas educativo y de salud.

Las propuestas para reducir el salario mínimo de Puerto Rico, defendidas por algunos economistas, o aumentar su empleo a voluntad, impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal pero rechazadas por los representantes electos de Puerto Rico, tendrían menos probabilidades de estimular el crecimiento económico que medidas como la introducciónde una EITC con el respaldo del gobierno federal.

El camino por delante

La crisis económica inmediata debe ser abordada a través de un ambicioso programa para reestructurar la deuda de Puerto Rico, reconstruir su infraestructura y revitalizar su economía. Sin embargo, el camino a seguir sólo será sostenible si se resuelve definitivamente el status político de la isla. Aunque corresponde al pueblo de Puerto Rico decidir su futuro, el gobierno federal tiene la responsabilidad de trabajar con ellos para desarrollar opciones para un referéndum y explicar cómo se implementaría cada opción si se eligiera.

El gobierno federal también debe aclarar que el resultado de la votación se traducirá en acciones. Washington debe comprometerse, por primera vez, a respetar la voluntad del pueblo puertorriqueño, independientemente del camino que escoja.

Ninguna de las opciones para abordar el status de Puerto Rico es sencilla. Cada una de ellas plantea complejas cuestiones económicas, culturales y constitucionales y requeriría un proceso de transición de varios años, diseñado conjuntamente con el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, por difícil que parezca, la tarea es necesaria.

La primera opción para resolver el status de Puerto Rico es revisar el actual acuerdo de Estado Libre Asociado. El paso inicial para tal revisión sería abordar el quebrado modelo económico de la isla. El gobierno federal, por ejemplo, debe estar dispuesto a proporcionar fondos adicionales para el sistema de salud de Puerto Rico, que actualmente depende de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) y de los fondos asignados para mitigar los daños causados por el Huracán María que pronto se agotarán.

Un acuerdo revisado también debería asegurar que cualquier incentivo fiscal para empresas esté vinculado a la creación de empleos en Puerto Rico, en lugar de proporcionar a las multinacionales un conveniente paraíso fiscal.

Estos cambios en la relación económica podrían ser promulgados a través de legislación en el Congreso, pero no pondrían fin por sí solos al status colonial de la isla, ya que un futuro Congreso podría revocarlos o cambiarlos sin el consentimiento de Puerto Rico. Un acuerdo revisado tendría que proporcionar a Puerto Rico un mayor control sobre su destino, a través de una mayor autonomía local, una voz más representativa en el desarrollo de la política nacional, o ambas cosas.

Para lograr esto, probablemente se requeriría una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ya que más de un siglo de acciones federales y decisiones judiciales, incluyendo dos casos recientes de la Corte Suprema, han sugerido que el Congreso continuará teniendo autoridad absoluta sobre Puerto Rico bajo el actual acuerdo constitucional. Una enmienda debería consagrar la igualdad de status de los residentes puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses con derechos específicos de autogobierno, representación electoral en las elecciones presidenciales e igualdad en el trato igualitario para los programas de protección social. Existe algún precedente para tal enmienda: la 23ª Enmienda, ratificada en 1961, garantiza a los residentes de Washington, D.C., representación en el Colegio Electoral.

Sin embargo, una enmienda constitucional requiere la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o de dos tercios de los estados y luego la ratificación de tres cuartas partes de los estados, una vara muy alta, pero que ha sido aprobada 27 veces.

La segunda opción, la independencia, tiene un apoyo relativamente limitado dentro de Puerto Rico, a juzgar por las encuestas más recientes. La independencia ofrecería plena autonomía política, incluyendo, si Puerto Rico así lo desea, un banco central independiente, una moneda flotante y la capacidad de elaborar sus propias políticas laborales, tributarias y comerciales. Esto, en teoría, permitiría a Puerto Rico establecer políticas económicas basadas en sus propias necesidades, en lugar de las de los Estados Unidos. En la práctica, sin embargo, la autonomía requeriría una reforma profunda.

El beneficio de una moneda flotante, por ejemplo, sería limitado mientras la deuda de Puerto Rico siga estando denominada en dólares, ya que cualquier depreciación de la moneda de la isla aumentaría el costo de su deuda.

La independencia plena tendría un costo, ya que Puerto Rico recibe sustanciales beneficios económicos por ser parte de los Estados Unidos. Antes de cualquier referéndum, el gobierno federal y Puerto Rico tendrían que acordar cómo se llevaría a cabo la independencia, incluyendo un cronograma realista, un plan para reemplazar o mantener las funciones queactualmente lleva a cabo el gobierno federal, y claridad sobre cómo los beneficios federales que hoy se brindan a los residentes puertorriqueños se financiarían durante la transición, y cómo los mantendría el gobierno puertorriqueño después de la independencia.

Ambas partes también tendrían que definir su futura relación comercial y determinar si los residentes puertorriqueños conservarían su ciudadanía estadounidense y el derecho a viajar libremente a los Estados Unidos.

En el polo opuesto a la independencia está la estadidad. La estadidad es una clara alternativa al actual mosaico de impuestos federales parciales y acceso a los beneficios federales de Puerto Rico. Pero han pasado casi 60 años desde que el último estado, Hawai, fue admitido en la Unión Federal, y hay varias cuestiones pendientes relacionadas con la posible estadidad de Puerto Rico que deben ser resueltas antes de cualquier referéndum.

Una pregunta crucial es cómo respondería Estados Unidos a un voto a favor de la estadidad, ya que la admisión requiere una resolución conjunta del Congreso firmada por el presidente. Washington debe dejar en claro que está preparado para aceptar a Puerto Rico como miembro de la Unión, incluyendo otorgarle representación plena en el Congreso. Puerto Rico se convertiría inmediatamente en el trigésimo estado más grande por población, con dos senadores y quizás cinco congresistas.

La estadidad también otorgaría a los residentes puertorriqueños acceso a todos los beneficios federales, incluyendo el EITC, Medicaid y Medicare.

Durante mucho tiempo hubo escepticismo acerca de que la estadidad pudiera obtener suficiente apoyo bipartidista, dado que los republicanos temen que la mayoría de los puertorriqueños voten por los demócratas.

Pero aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su oposición a la estadidad, los anteriores candidatos presidenciales republicanos y las plataformas de los partidos la han apoyado consistentemente. En 2018, por ejemplo, el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre los territorios de los Estados Unidos, pidió al Departamento de Justicia que supervisara un plebiscito puertorriqueño sobre la estadidad.

Si Puerto Rico se convirtiera en un estado, sus residentes recibirían todos los beneficios federales, iguales a los que disfrutan los ciudadanos del continente. La población de Puerto Rico ya está envejeciendo, y con una baja tasa de natalidad y altos niveles de emigración, la isla pronto tendrá la población más envejecida de los Estados Unidos. Se beneficiaría en particular de un mayor acceso a los fondos federales para la atención de la salud.

Muchas familias puertorriqueñas también recibirían importantes beneficios del EITC al declarar impuestos federales sobre la renta. El acceso a la EITC no sólo reduciría la pobreza, sino que también, al sumar incentivos para que las personas de bajos ingresos trabajen, aumentaría la tasa de participación en la fuerza laboral de la isla, que hoy en día, con un 40 por ciento, es de sólo dos tercios de la media continental.

Quizás el aspecto económico más difícil de la estadidad sería la integración de Puerto Rico en el sistema tributario de los Estados Unidos. Incluso después de la derogación de la Sección 936, las empresas que operan en Puerto Rico pueden evitar el impuesto a las sociedades de los EE.UU., pagando la tasa "mínima global" mucho más baja que se aplica a los ingresos intangibles extranjeros.

Sin embargo, si Puerto Rico fuera un estado, las empresas que operan allí estarían sujetas al impuesto federal sobre la renta, eliminando sus incentivos para trasladar sus operaciones a la isla. Los residentes individuales de Puerto Rico también tendrían que pagar el impuesto federal sobre la renta, lo que dificulta que la isla mantenga su alta tasa local de impuesto sobre la renta individual, que actualmente tiene una tasa marginal superior del 33 por ciento. La estadidad podría poner en riesgo casi $5 mil millones de los ingresos anuales de Puerto Rico, o cerca de un tercio de su total.

Para ayudar a que la isla siga cubriendo su deuda y sus obligaciones de pensiones, el gobierno federal tendría que compensar una parte de los ingresos perdidos, al menos durante la transición inicial a la estadidad.

En su esencia, el status es una cuestión de ideología e identidad. Resolver el status de Puerto Rico no es una alternativa a la reestructuración de su deuda o a la revitalización de su economía. Sin embargo, es un paso fundamental para que Puerto Rico pueda trazar un rumbo económico sostenible a largo plazo. Y para Estados Unidos, que ha gobernado a Puerto Rico como colonia durante más de un siglo, darle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de decidir su propio futuro no es sólo una sabia decisión política, sino que para un país que se enorgullece de ser el líder del mundo libre, es un imperativo moral.

Este artículo fue publicado en su versión original en inglés en la publicación Foreign Affairs.

Antonio Weiss es Senior Fellow en el Mossavar-Rahmani Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School. Anteriormente se desempeñó como Consejero del Secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Brad Setser es Senior Fellow de Steven A. Tananbaum de Economía Internacional en el Consejo de Relaciones Exteriores. Anteriormente se desempeñó como Subsecretario Adjunto de Análisis Económico Internacional en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


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