Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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La complejidad de privatizar la AEE

Llegó el momento para tomar acción con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Concurro con el gobernador Ricardo Rosselló en que es necesario “transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso”, pero debe ser más que la parte de generación eléctrica.

En un mensaje especial, Rosselló explicó que la AEE tiene un modelo de generación de electricidad más caro, basado en petróleo y que no tiene la capacidad ni el crédito para lograr los recursos para transformarse y promover el desarrollo económico. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, quienes expresaron dudas de una venta parcial.

Los huracanes Irma y María destruyeron la infraestructura para generar, conducir y proveer energía eléctrica a todo Puerto Rico, la cual ya estaba deteriorada por falta de mantenimiento y modernización. La AEE no tiene recursos para obras importantes como la construcción un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre y el soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras, entre otras.

En Puerto Rico ocurren cinco veces más apagones que el promedio en los estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes. Economistas, industriales, comerciantes, inversionistas y desarrolladores reconocen que el costo de energía eléctrica y la inconsistencia del servicio de la AEE obstaculiza el desarrollo económico de la isla, lleva al cierre de empresas que son fuentes de empleos y encarece nuestras vidas, lo que conduce a más pérdida poblacional.

La conclusión es inescapable. El monopolio gubernamental y la estructura organizativa y operacional de la AEE, burocratizado por nombramientos políticos, y su pobre situación financiera lo incapacitaron para resolver la crisis de energía. La AEE fracasó hace tiempo y depende de ayudas gubernamentales para la reconstrucción y modernización.

Respaldo la propuesta de Rosselló para privatizar el “sistema de generación”, pero debe recibir el insumo de todos los sectores de la sociedad y la economía puertorriqueña para que sea un éxito y cumpla con el objetivo. El proceso requiere tiempo y conlleva legislar para definir el marco legal y los objetivos, especificar las partes a privatizarse, entre otros detalles esenciales antes de convocar a empresas con el conocimiento, experiencia, interés, recursos y garantías para transformar el sistema.

Por mi experiencia en la Junta de Directores de las APP (2009-2012), puedo asegurar que se requieren múltiples etapas y consultas para el cierre de un proyecto de esta naturaleza. Entre muchos, hay que implementar un proceso para evaluación técnica, económica y financiera y los términos para el contrato.

Aunque es críticamente necesario rescatar el sistema de retiro, tengo dudas de que se puedan asignar parte de los fondos quegenere la venta de los activos de la AEE para otro propósito ajeno. Creo que ese componente del plan necesitará un análisis legal especializado. Al momento, no existe información sobre el valor de los activos de la AEE ni del resultado del proceso de quiebra de la misma. El Plan Fiscal de cinco años no incluye fondos para pagar la deuda. El uso de los ingresos de la venta podría depender de la Corte de Quiebras.

En el plan de venta, también falta informar qué agencia, corporación pública o entidad privada tendría la responsabilidad sobre las líneas de transmisión y la venta de energía a todos los clientes. Alguien debe ser responsable de la operación, mantenimiento, restauración, reconstrucción del sistema de transmisión cuando se concluya la venta de los activos de generación de electricidad. También se requiere un agente regulador independiente que supervise la calidad y el costo de los servicios a todos los usuarios.

El futuro de la AEE y Puerto Rico depende del éxito del plan del Gobernador. Aunque limitado a privatizar la generación de energía eléctrica, merece darle participación a todos los sectores especializados relacionados para que aporten a la discusión y que la legislación final tenga el respaldo de la mayoría. Un proyecto tan complejo y de tantas repercusiones requiere compartir información y absoluta transparencia.

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