Angeli Rivera

Punto de vista

Por Angeli Rivera
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La constitucionalidad de las clases “online” en Educación

El derecho a la educación en Puerto Rico que propenda al pleno desarrollo de la personalidad del individuo y al fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales emana de la Constitución de Puerto Rico. Nuestra Constitución exige un sistema de instrucción pública que sea libre y no sectario. Dispone, además, que la enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, tras la llegada del COVID-19 a la isla y la crisis de salud mundial, el sistema de educación pública se ha visto en la obligación de darle continuidad al proceso educativo a través del modelo de educación a distancia.

La educación a distancia, herramienta cuya implantación puede ser exitosa con el esfuerzo de todos, representa un gran desafío tanto para el personal docente del Departamento de Educación como para los estudiantes y sus padres. El principal reto que enfrenta la educación a distancia en el sistema público es su accesibilidad para todos; en específico para los estudiantes. Esto contrasta con el texto de nuestra carta magna y con las aspiraciones de los miembros de la Asamblea Constituyente. 

A pesar de que los directivos y líderes educativos no han provisto el espacio de capacitación a sus docentes ni han ofrecido el apoyo necesario para trasladar las clases presenciales a una experiencia virtual, los maestros han buscado la forma de comunicarse con los padres y los estudiantes utilizando su teléfono móvil, su computadora y su internet. Sin embargo, más allá de la labor exhaustiva y admirable que están realizando los maestros para iniciar el proceso de educación a distancia, no debemos olvidar que miles de estudiantes y padres no tienen acceso a una computadora o tableta y solo pueden hacer uso de su teléfono móvil. Otros no tienen acceso a servicio de internet en sus hogares. 

Según datos del Puerto Rico Community Survey 2014-2018, solo el municipio de Guaynabo tiene más de un 50% de sus casas con acceso a internet de alta velocidad. Asimismo, cabe resaltar que en diez municipios en la isla, 20% o menos tienen acceso a internet de alta velocidad. 

Por otra parte, el acceso a internet de alta velocidad y el acceso a dispositivos electrónicos que faciliten la experiencia virtual para los estudiantes, aun siendo una necesidad, representan un lujo para la clase trabajadora del país. Con los altos costos que conlleva la compra de un dispositivo electrónico y las tarifas de internet de alta velocidad, los padres terminan pagando por la educación de sus hijos. Es por esto que me cuestiono la constitucionalidad en estos momentos de ofrecer la educación en línea, cuando la enseñanza dejó de ser gratuita al Estado no proveerles a sus estudiantes un dispositivo electrónico ni acceso a internet de alta velocidad. 

Reconociendo la experiencia en la isla tras el paso del huracán María, los temblores recientes y ahora en la incertidumbre que ha generado la expansión acelerada del COVID-19 por el resto del mundo, es imperativo que a los directivos y a los líderes educativos del DE prioricen la necesidad de acciones que redunden en la accesibilidad de la educación en línea para todos los estudiantes del sistema de educación pública y así hacer valer sus derechos constitucionales. 

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