Gustavo Vélez

Punto de Vista

Por Gustavo Vélez
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La Constitución y la crisis económica de Puerto Rico

La actual crisis política ha creado incertidumbre en Puerto Rico y comienza a pasarle factura a la atribulada economía que lleva más de una década en una profunda depresión. La quiebra gubernamental y la devastación provocada por el huracán María tienen de rodillas a la isla, y la actual crisis política amenaza seriamente las posibilidades de recuperación.  

La deuda inconstitucional y los presupuestos desbalanceados.

Hablando de crisis económica y de Constitución, me parece irónico que muchos de los legisladores, analistas e incluso algunos exgobernadores, que hoy se aferran a la Carta Magna, para cuestionar como ocurrió la sucesión a la gobernación, han estado por años, votando a favor de presupuestos y emisiones de deuda pública, fuera de los parámetros constitucionales. 

La misma Constitución sobre la que hoy están colocados los ojos de todo Puerto Rico y que los nueves jueces del Tribunal Supremo tendrán que interpretar, es diáfanamente clara en torno a como el Estado Libre Asociado puede emitir de deuda pública, y como deben aprobarse los presupuestos. 

En el Artículo VI Sección 2, la Constitución del ELA establece cómo el gobierno central puede incurrir en deuda para financiar las operaciones del estado. Se establece… “ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre dichos bonos y pagarés, junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico y (ii) cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizadas por el Estado Libre Asociado, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente”.

A finales del siglo pasado, el gobierno creó el concepto de deuda extra-constitucional, como un mecanismo para aumentar la capacidad de emitir deuda, con la finalidad de financiar gastos y proyectos de infraestructura. Esta deuda pública se emitió fuera de los márgenes constitucionales, burlando la disposición constitucional, y tuvo consecuencias terribles para la economía y la estabilidad fiscal. 

Desde 2001, gobiernos subsiguientes, continuaron esta práctica, lo que catalizó la propia quiebra del ELA en 2015. De hecho, durante el cuatrienio pasado, el entonces gobernador Alejandro García Padilla, expresó claramente que no pagaría la deuda constitucional, lo que provocó que, por primera vez, el gobierno de Puerto Rico incumpliera con el pago de su deuda. 

El Artículo 6, Sección 7, de la Constitución es igualmente preciso con respecto en la manera en que el gobierno y la legislatura deben aprobar los presupuestos. Dice: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones”. La legislatura lleva largo tiempo aprobando presupuestos descuadrados, que también violentan la Constitución.  

En gran medida, la actual crisis fiscal y económica tiene su origen histórico en que los dos gobiernos que se han alternado en el poder, han manejado fiscalmente a Puerto Rico, apartados de la Constitución que hoy dicen defender. 

Mi argumento es bien sencillo, la Constitución del ELA no puede ser utilizada selectivamente de acuerdo con los intereses partidistas y la coyuntura política del momento. Diversos gobiernos y legislaturas han violentado las disposiciones constitucionales en el manejo financiero de Puerto Rico, provocando en gran medida la actual crisis.

El Tribunal Supremo tiene ante sí una decisión difícil que puede determinar el orden de sucesión y afectar la estabilidad que necesita la isla para hacer posible su recuperación económica.

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