Francisco Díaz Massó

Tribuna Invitada

Por Francisco Díaz Massó
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La construcción de obra pública como servicio esencial

Si un servicio esencial se refiere a aquel que sea necesario para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar público; entonces la industria de la construcción merece la designación de servicio esencial, pues es el sector encargado de construir y mantener la infraestructura de servicios públicos vitales como agua potable, carreteras y energía eléctrica.

El pasado 16 de junio el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, le escribió al gobernador para, entre otras cosas, exhortarle a que definiera cuanto antes lo que es un servicio esencial y así poder identificar y separar los fondos necesarios dentro del nuevo presupuesto para garantizar el pago de estos servicios que son imprescindibles. La Ley 5 de 2017, o “Ley Para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal” en su Capítulo 2 dice que durante una emergencia financiera el gobernador tendrá el poder para emitir órdenes ejecutivas para designar la prioridad de los recursos disponibles para asegurar el pago y la continuidad de los servicios esenciales por parte del gobierno y sus instrumentalidades.

El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) pide que el gobierno designe a la industria de la construcción como servicio esencial para así garantizar la continuidad de los trabajos de construcción y mantenimiento de carreteras, energía eléctrica y acueductos según estipulados. Ignorar esta petición tendría un impacto nefasto en la salud, la seguridad y bienestar público; y en la ya deficiente infraestructura de la isla que a diario muestra su incapacidad para satisfacer las necesidades del pueblo. Del mismo modo, excluir a la construcción de obra pública como servicio esencial agravaría la seria situación económica de la industria, las cifras de desempleo y el éxodo de personal diestro. La construcción es motor de actividad económica y de creación de empleos, ya que por cada millón de dólares invertidos en la construcción se crean 22 empleos.

Hasta que no sea designado como servicio esencial, el sector encargado de la construcción y el mantenimiento de obra pública y de infraestructura estará sujeto a la inestabilidad y los vaivenes económicos del gobierno. Para darles un ejemplo, entre el 2015 y 2016, más de una decena de contratistas generales y un sinnúmero de subcontratistas y proveedores de materiales y servicios fueron víctimas de la falta de flujo de capital en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), situación que forzó a la corporación pública a cancelar su Programa de Mejoras Capitales dejando deudas que excedían los $150 millones. El impacto de esta acción no se limitó al despido masivo de empleados y de estructuras abandonadas que probablemente nunca entrarán en uso. El impacto más trascendental está en el deterioro de la calidad del agua en Puerto Rico que incide directamente en la salud de un pueblo que necesita fuerza y salud para poder levantar al país y devolverlo a la ruta del progreso.

Este es el momento de demostrarle al pueblo el compromiso de esta administración de garantizarle sus servicios esenciales aun durante los momentos más difíciles; y de restablecer la confianza necesaria para garantizar la construcción y el mantenimiento de infraestructura moderna y eficiente.

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