Carl Soderberg

Punto de vista

Por Carl Soderberg
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La contaminación del aire afecta la economía

En marzo de 2018, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) formalmente designó dos áreas de Puerto Rico en incumplimiento con la norma federal de calidad de aire para bióxido de azufre. Esta norma más estricta de bióxido de azufre entró en vigor a principios de esta década. Las dos áreas de incumplimiento son el Área Metropolitana y el área Guayama-Salinas. La zona Guayanilla-Peñuelas estaba también en la mirilla, pero la conversión de Costa Sur a gas natural salvó la situación.

Conforme a la Ley Federal de Aire Limpio, la EPA le concedió a la hoy difunta Junta de Calidad Ambiental (JCA) 18 meses para desarrollar y someter un Plan de Implantación de Control de Contaminación Atmosférica que detallara las medidas que se requerirán a las fuentes de emisiones en ambas áreas para lograr cumplimiento con la norma de calidad de aire para bióxido de azufre. La EPA requiere que se logre cumplimiento no más tarde del 2023 y que un plan “aprobable” se someta en este mes de octubre.

Si el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que ahora ejerce las responsabilidades de la JCA no somete un plan a tiempo o no somete un plan “aprobable”, la antes citada ley federal dispone que EPA desarrollará el plan con las estrategias de control que estime pertinentes. En otras palabras, en ese caso, cederíamos a EPA el poder decisional sobre este importante asunto. No creo que sea conveniente para Puerto Rico.

Respirar aire que no cumpla con la norma de calidad de aire para bióxido de azufre tiene serias consecuencias sobre la salud de los más de 500,000 puertorriqueños que residimos o trabajamos en las áreas afectadas. El impacto de este contaminante ha sido ampliamente documentado por investigaciones científicas realizadas en Estados Unidos y Europa. Intriga que el pueblo no se motive a exigir que se atienda este asunto con mayor rapidez, dado el caso que la evidencia científica es clara y contundente.

Aparte del impacto sobre la salud, que debe ser nuestra mayor preocupación, el no cumplimiento con los requisitos federales también podría tener repercusiones económicas y frenar el desarrollo en esas áreas.

La primera repercusión es que no se permite el establecimiento de nuevas fuentes de emisión o ampliaciones de fuentes existentes en las áreas de incumplimiento, a menos que una fuente existente o varias fuentes existentes reduzcan el doble de la cantidad de las emisiones que lanzaría la nueva empresa o la empresa que quiere ampliar operaciones. Aunque esto se ha realizado en ciertos lugares de los Estados Unidos, ciertamente es “sucio bien difícil”.

La segunda repercusión consiste en exigirle a toda nueva empresa que quiera establecerse en un área de no cumplimiento que tiene que utilizar la mejor tecnología de control de contaminación de aire, irrespectivo del costo. Para que se entienda la magnitud del impacto de esterequisito, le daré un ejemplo en el campo de la aviación. Este requisito equivaldría a requerir a una línea aérea el uso del avión supersónico Concorde, que constituyó lo máximo en transporte aéreo, pero nunca fue económicamente viable. Por lo tanto, el resultado práctico de este requisito y el anterior es paralizar el desarrollo económico en las áreas de incumplimiento.

Una tercera consecuencia económica poco divulgada de incumplimiento es la congelación de fondos federales para carreteras y puentes en las áreas de incumplimiento. Debo aclarar que esta sanción extrema no entraría en vigor de inmediato. Ya FEMA indicó que la reparación de carreteras y puentes no es prioridad. No le demos al gobierno federal otra excusa para retener los fondos de reconstrucción de la infraestructura vial.ambiente

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