Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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La contralora vs la alcaldesa

Hace unas semanas, la Contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso tuvo una inusual presencia en los medios de comunicación a lo largo de la cual criticó tanto a los manifestantes en contra de la Junta de Control Fiscal que pernoctan pacíficamente frente al Tribunal Federal, como a la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Con relación a los primeros, señaló que le parecía erróneo que los manifestantes criticaran a la Junta de Control Fiscal dado que los integrantes de esa Junta, nombrados por el presidente Obama, aún no habían comenzado a ejercer sus funciones. Para la Contralora era inexplicable que fuera objeto de críticas una Junta que todavía no tomaba decisiones.

A la Alcaldesa de San Juan la criticó por haberles provisto hielo a los manifestantes que pernoctan —repito, pacíficamente— frente al Tribunal Federal y por gestionar la limpieza de baños portátiles; esto a pesar de ser Cruz la Alcaldesa del municipio donde se realiza la manifestación.

Viniendo esas expresiones de la Contralora, no pueden tomarse livianamente y su corrección debe analizarse desde la perspectiva legal. No pretendemos discutir la deseabilidad o no de la llamada Junta, tema sumamente polarizante que se ha tornado en campaña política, sino analizar lo hecho por la Sra.Valdivieso dado el peso que tiene el puesto que ostenta.

De entrada, la posición de la Contralora de que no puede criticarse una Junta creada en virtud de una ley hasta tanto comience a tomar decisiones es desafortunada. Es decir, ella plantea que solo pueden criticarse las leyes una vez los ciudadanos hayan constatado cómo las mismas han sido ejecutadas. Se equivoca. Tan pronto un legislador anuncia que pretende impulsar determinado proyecto de ley, desde ese mismo y preciso momento es legítimo criticar la idea. Por eso es que, precisamente, se hacen vistas públicas, se enmiendan los proyectos de ley y se le solicita al primer ejecutivo que vete o no la ley aprobada.

Pero ahí no termina todo: incluso se puede cuestionar la validez de la ley en los tribunales una vez es aprobada. Es precisamente por todo lo anterior que la posición de la contralora es insostenible y, además, coarta la libertad de expresión, máxime cuando hizo las expresiones en su carácter de Contralora.

Con relación a la alcaldesa, debo comenzar señalando que nadie cuestiona la autoridad de la Contralora para que, luego de una auditoría, determine la corrección de la utilización de fondos públicos.

Lo que no puede hacer la Contralora es adelantar su criterio o emitir opiniones consultivas sobre una actividad sin el correspondiente análisis, sin la propia auditoría de su oficina para, así, de manera precipitada, llegar a conclusiones y, sobre todo, difundirlas públicamente.

Por otro lado, hay que advertir que en la actividad señalada no se utilizaron fondos públicos para reproducir material de proselitismo político. Aquí de lo que se está hablando es de hielo y de baños, elementos básicos para la salud y la protección del ambiente, tal como hacen los municipios con actividades similares pues es parte de sus funciones.

Tampoco puede menospreciarse la importancia y valor social que revisten las protestas como manifestación esencial de la libertad de expresión, elemento fundamental de un sistema democrático que atesora la discusión de ideas y que es imprescindible para la deliberación y adopción de posturas.

Cabe preguntarse si ello es menos importante que las asignaciones de fondos públicos que reciben las organizaciones sin fines de lucro.

Hay personas que defienden la libertad de expresión a manera de “punch line”, pero la recriminan cuando lo que se manifiesta no es de su agrado. Sería terrible que la Contralora utilice su oficina para cuestionar y perseguir aquellas manifestaciones o expresiones que no necesariamente sean de su agrado y endosar aquellas que sí lo son. Esa postura sí que requeriría una auditoria; y muy seria y rigurosa, por cierto.

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