Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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La corrupción no deja cadáveres

La corrupción no deja cadáveres ni casquillos esparcidos por el suelo, marcados con rotulitos amarillos. Sin embargo, deja una profunda desolación de espíritu de la que es difícil reponernos con solo escuchar al director del FBI en Puerto Rico prometiendo más arrestos y comunicando su percepción de que estamos ante un problema horrible. En realidad, nadie cuestiona la gravedad de la situación por la que atravesamos; mucho menos cuán pernicioso es para el país que algunos funcionarios y empleados públicos organicen sus propias “mafias” en las oficinas de gobierno para esquilmar nuestros pocos recursos fiscales y, peor aún, menoscabar la fe en los que auténticamente tratan de brindarle a la ciudadanía un buen servicio público.

Si a esto añadimos que cuando un funcionario de importancia es castigado con la pena de mayor severidad —como es la destitución de su cargo— por acudir a un programa de radio a denunciar la existencia de tales mafias en su departamento, la cosa se pone peor. Porque su destitución pública y venteada, sin oportunidad de una renuncia “por razones personales”, no es solo una mera falta de modales de quien lo puso ahí, sino un mensaje, a los que se quedan en sus cargos, de las consecuencias de denunciar públicamente a los que andan en malos pasos borrando deudas y haciendo otras fechorías a cambio de sobornos y mordidas y, sabrá Dios, de qué otros beneficios económicos y no económicos que suelen intercambiarse. La razón dada en cuanto a que la destitución de ese funcionario obedeció a que no comunicó primero a La Fortaleza que en su departamento se estuviera dando una situación de corrupción como esa —y La Fortaleza hubiera tenido que enterarse después por un programa de radio— es cuando menos insatisfactoria.

La política pública es en este momento promover que las personas denuncien situaciones ilegales en sus entornos de trabajo. Para que sea útil, esta política pública no debería tener excepciones. No obstante, hemos descubierto ahora que no aplica a los jefes de agencia. Y es entendible solo desde el punto de vista del jefe del poder ejecutivo, claro está. Este quiere reservarse la facultad de ordenarle a su subalterno que no hable, que no delate, que no denuncie, que no vaya al programa de radio, porque eso lo haría lucir mal. Y quizás por eso, porque sabía que no le permitirían hablar, es que habló sin pedir permiso. De seguro sabía, o debió imaginar, que en estos casos, aun cuando le permitieran hablar al jefe de departamento, le dirían qué decir y cómo decirlo, qué callar y qué contestar de modo ambiguo, para que la gente no pueda apreciar con certeza la verdadera naturaleza de lo denunciado y su gravedad.

Yo no sé —no tengo modo de saber— si ese funcionario está implicado él mismo en alguna irregularidad o ilegalidad. Habrá que esperar por el curso y resultado de las investigaciones. Pero lo que no debe pasar es que otros funcionarios o empleados públicos se abstengan de denunciar cualquier acto de corrupción que hayan observado o estén observando en sus agencias. Combatir la corrupción requiere que más gente continúe ofreciendo información que revele este tipo de delincuencia, que coopere con las autoridades que investigan estos comportamientos ilegales. Cuando acepta un cargo, el funcionario debe saber que existe la posibilidad de que deba renunciar o que lo destituyan por sacar a la luz pública situaciones detrimentales al interés público y que, en tales ocasiones, callar no es una opción digna ni decorosa.

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