Osvaldo Carlo

Tribuna invitada

Por Osvaldo Carlo
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La corrupción se gesta en cuartos oscuros

Hace 15 años, un fiscal federal interino causó conmoción cuando indicó que la corrupción tiene nombre y apellido, a la vez que apuntaba su dedo acusador a uno de los dos partidos principales en la Isla. Lo cierto es que la corrupción no es un problema institucional de ninguno de los partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos no están exentos de responsabilidad.

Hoy un jurado encontró culpables a cuatro acusados de violar estatutos federales de corrupción. Los convictos son meramente ejemplos de una problemática que ha aquejado nuestra política   por años; el sistema de recaudar fondos. Una vez en el poder, los partidos brindan a los grandes contribuyentes oportunidades económicas. Estos contribuyentes a su vez aportan dinero a las campañas políticas y a las deudas de los partidos.

Los grandes contribuyentes son conocidos en todas las estructuras de los partidos. Son los que después de las elecciones entran por las agencias como “Pedro por su casa”, los que se codean con los jefes de agencia en la actividades en La Fortaleza, y los que hacen los grandes negocios con el gobierno. Funcionarios, como los convictos en el reciente caso, son el enlace que permite que el circuito se complete.

Mientras los partidos mantengan el patrón de conducta que nutre sus operaciones, los ciudadanos sufren los efectos colaterales de estas prácticas. Estos efectos los vemos en las llamadas “batatas políticas”, que no son otra cosa que los empleados públicos que carecen de los atributos para ocupar la plaza con la que se les pagó un favor político. Lo vemos también en los pobres y deficientes servicios que brindan algunos suplidores, cuya única carta de presentación la constituye su afiliación política y la aportación económica al partido.

Funcionarios electos y candidatos de ambos partidos principales reconocen el mal de origen y el principal contribuyente al problema de corrupción en Puerto Rico. Sin embargo, a nuestros funcionarios les ha faltado la voluntad política para ponerle el cascabel al gato.

Aunque hemos legislado para crear múltiples estatutos y dependencias para identificar y eventualmente procesar los actos de corrupción, nada es tan efectivo como la prevención. Medidas como el establecer un proceso de reclutamiento, como el federal, donde programas de computadoras filtren los candidatos a ser seleccionados para ocupar plazas en el gobierno y el anunciar toda contratación del gobierno abriéndola a su vez competencia, en un proceso transparente que la saque de los cuartos oscuros, son dos pasos básicos en el esfuerzo de combatir la corrupción. 

La agencia que debe ser la principal herramienta para atacar la corrupción, el Departamento de Justicia, tiene que ser despolitizada. Los fiscales deben convertirse en funcionarios de carrera y las posiciones de confianza deben ser limitadas a lo minino necesario para establecer y ejecutar política pública. Hay que reconocer que un fiscal que depende de nombramiento político tiene una atadura que lo limita. Esta medida está en la plataforma de la actual administración. Todo lo que ha faltado es la voluntad política.

Las convicciones en el caso federal no son el epílogo de una investigación, sino más bien su preámbulo. Solo hay que leer la acusación del gran jurado, en el caso que acaba de concluir, para llegar a la conclusión de que personas que alegadamente formaron parte de la conspiración no fueron acusadas.

No hay duda de que el problema de la corrupción es uno cíclico. Estas convicciones tendrán el efecto de un detente mientras dure su impacto en el recuerdo colectivo. Está en las manos de nuestro gobierno, y de los candidatos a posiciones electivas en las próximas elecciones, el promover, y más importante que nada ejecutar, aquellas medidas que preventivamente ataquen este mal.                               

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