Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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La crisis fiscal y la necesaria transparencia gubernamental

Prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales que fiscalizan las operaciones de los Estados tienen como objetivo principal la transparencia, que se logra, fundamentalmente, poniendo a disposición de sus ciudadanos la información que revele lo que ha dicho y hacen.

En momentos de crisis fiscal en el gobierno, como ocurre ahora en Puerto Rico, esa información debe ser clara, confiable, actualizada y libre de cualquier manipulación.

Más de un economista me ha advertido que si uno somete los números a tortura, estos van a reflejar lo que uno quiera.

Creo que los actuales administradores del país están, más que torturando los números para acomodarlos a su conveniencia, ocultando información. Y eso es grave, sobre todo en momentos de crisis, cuando hay que disponer de información confiable para poder tomar las mejores decisiones.

 La preocupación surge por la manera en que esta administración maneja asuntos como las pensiones de los jubilados y retirados. 

Alguien debe salirle al paso al gobernador Ricardo Rosselló y decirle que la versión que está dando sobre las pensiones no es correcta, que la situación fiscal de retiro es crítica y que, si no se toman medidas drásticas, no habrá dinero el próximo año para pagar ninguna pensión. Tan sencillo y triste como eso.

Nadie en su sano juicio puede pensar que seguirá recibiendo el 100 por ciento de su pensión, aunque se trabaja para que, de los 170,000 pensionados y jubilados, no se afecten los 70,000 que reciben mil dólares o menos de pensión.

Pero el gobierno tiene que dejar de dorarle la píldora a los pensionados y jubilados y decirle la mala noticia de que no hay dinero en el Fondo General para seguir pagando las pensiones, comenzando ya.

El fondo de retiro debe unos $42,000 millones y el gobierno no tiene crédito, por lo que no puede salir al mercado a buscar dinero nuevo. 

El dinero que se recibe (o que se estima se habrá de recibir en el Fondo General por concepto de impuestos) no debe pasar los $9,000 millones y si las obligaciones van muy por encima de los ingresos estimados, estamos ante un problema muy serio. Esto sin contar que todavía no estamos pagando la deuda, cuyo monto anual podría ascender a más de $2.5 mil millones. 

A ese cuadro de obligaciones habría que sumarle, los más de $2,000 millones correspondientes al fondo de pensiones, más otros $2,500 millones para el plan de salud. En total, de esos $9,000 millones que estimamos recaudar en impuestos este año fiscal que comienza el 1 de julio, vamos a tener comprometidos unos $6,500 millones. 

En suma, si el gobernador y sus ayudantes hacen esa suma elemental, podrán concluir que cuando comencemos a pagar la deuda y los demás compromisos, el gobierno dispondrá de unos $2,500 millones para correr toda la administración, incluyendo la nómina pública, sin incluir otras obligaciones como agua, luz y otros servicios quehay que contratar para poder dar los servicios básicos a los ciudadanos.

Mientras, no vemos indicadores que tiendan a impulsar la transparencia en el gobierno, con el fin de “formar a una ciudadanía responsable y participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción”. 

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