Ángel Rosa

Tribuna Invitada

Por Ángel Rosa
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La crisis se resuelve respetando la institucionalidad

La mal manejada renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico ha provocado un vacío de poder e incertidumbre más dañinos que su nefasta administración.  

Asediado por las manifestaciones de un pueblo que se unió sin banderías para sacarlo del poder, Rosselló se refugió en la necesidad de una “transición ordenada” para permanecer ocho días en un puesto desde el cual ya no tiene la legitimidad para ejercer las facultades de gobernador.  La supuesta transición ordenada es una pantomima aplaudida por los desconocedores de la verdadera gobernanza, para evitar que entre en vigor la sucesión dispuesta por el mandato constitucional. 

Puerto Rico acaba de experimentar la crisis más seria de su corta historia constitucional. Al descontento por las políticas de austeridad implantadas por la administración Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal, y la indignación por la corrupción rampante en el gobierno de Rosselló; se añadió la revelación de un ofensivo chat protagonizado por Rosselló y sus más cercanos colaboradores y amigos. Esto colmó la copa y sacó al pueblo a las calles a pedirle que se fuera. Después de 12 días de protestas, y abandonado por todo el liderato de su partido, Rosselló renunció, pero no inmediatamente.

Las protestas se transformaron en júbilo, hasta que comenzaron los intentos de acomodo de altos líderes del Partido Nuevo Progresista.  Así pues, se produce el inverosímil reclamo, que incluye a algunos manifestantes, de que un gobernador obligado a renunciar por inadecuado, se disponga a nominar un secretario de Estado para que a toda prisa sea confirmado por una legislatura que públicamente ha dicho que no confía él. Se trata de una demostración de cinismo político y conveniencia tan burda que tiene el inevitable efecto de desmerecer la lucha.

Detrás de tal cinismo se esconden las ambiciones de Thomas Rivera Schatz y una camarilla de políticos de carrera, cuya única intención es controlar lo poco que queda del tesoro público y del poder del gobierno local.  Este grupo está convencido de que un gobernador despojado de legitimidad debe actuar como su monigote político, para garantizarles su control y ascenso dentro del proceso electoral de 2020. Otros, como Jenniffer González y el Partido Popular Democrático, apoyan la maniobra como un asunto de cálculo político para que el poder les caiga en la mano sin mayor esfuerzo.

En momentos de crisis y total desarraigo político, a los pueblos solo les queda su institucionalidad, por precaria que esta pueda ser.  Esa institucionalidad en este momento la representa el proceso previsto por la Constitución y la ley para la eventualidad de una vacante en la gobernación. El pueblo debiera vigilar por que se respete ese mandato, pues en esta y futuras crisis la solución nunca puede ser la conveniencia o la simpatía individualista.  

Esta crisis ha sido un golpe de madurez para nuestro pueblo.  Y debiera concluir con el ejemplo de madurez completa que significa el respeto a las reglas creadas hace 67 años para una buena gobernanza.

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