Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La culpa compartida de una deuda impagable

Los candidatos, durante las campañas, recurren a argumentos demagógicos para atraer a los votantes y después de alcanzar la victoria, tienen que dar marcha atrás y ajustarse a la realidad que antes negaron.

El año pasado, durante su campaña, el ahora gobernador Ricardo Rosselló Nevares estuvo reclamando por todos los rincones que la deuda pública de Puerto Rico se podía pagar, contrario a lo que afirmaba en ese momento el entonces gobernador Alejandro García Padilla.

El 22 de marzo de 2016, Rosselló Nevares dijo que el liderato político de entonces “ha plasmado su alternativa: ir a la quiebra. Yo me opongo a esto como una solución”.

Pero, justamente al cumplir cuatro meses de mandato, Rosselló Nevares ha tenido que desechar sus argumentos de campaña para reclamar la protección judicial contra los acreedores que dispone la ley federal PROMESA.

Aquí podríamos aplicar aquello de que “donde dije digo, digo Diego”.

Para refrescar la memoria de algunos, debemos recordar la responsabilidad de los exgobernadores con respecto al aumento desmedido en las últimas décadas de la deuda pública, que ahora ronda los $70,000 millones, sin contar la debacle de los sistemas de retiro.

Hasta la década del noventa del siglo pasado, la deuda se ajustaba a la disposición constitucional que limitaba la autoridad del gobierno para tomar dinero prestado a un 15% de las rentas de los dos últimos años. Es decir, había un margen prestatario que no se podía traspasar sin violar la propia Constitución de Puerto Rico.

Fue precisamente Pedro Rosselló González, el padre del actual gobernador, quien trastocó este principio al crear la “deuda extraconstitucional” que comenzó a hipotecar al País más allá de sus posibilidades con megaproyectos como el Tren Urbano –el más caro del mundo por milla construida—, el Superacueducto, el Centro de Convenciones y el Coliseo de Puerto Rico, además de la incosteable reforma de salud. Tocará cuando menos a los tataranietos de los ciudadanos de esta generación terminar de pagar los platos rotos.

Según cálculos de El Nuevo Día publicados en 2013, Rosselló González añadió la friolera de $12,824 millones a la deuda, cantidad que ascendería a $25,284 millones si se le suma el ajuste por inflación).

Sus antecesores, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón también contribuyeron, en menor medida, al alza en la deuda pública. Hernández Colón añadió en sus tres términos $8,634 millones (el equivalente a $25,243 millones con el ajuste por inflación), y Romero Barceló, que gobernó dos cuatrienios, otros  $3,106 millones ($8,780 millones con el ajuste inflacionario).

Hay que notar que, cuando Rosselló González llegó a la gobernación en enero de 1993, la deuda pública ascendía a $14,336 millones (sin ajuste de inflación), y cuando salió, el 2 de enero de 2000, el total era de $27,160 millones, casi el doble.

Luego vinieron Sila M. Calderón, que “contribuyó” con $10,274 millones (equivalentes a $13,302 millones ajustados); Aníbal Acevedo Vilá, que añadió otros $15,959 millones ($17,266 millones con el ajuste), y Luis Fortuño, que nos colocó en el umbral de la debacle actual al agregar $16,555 millones ($17,685 con la inflación).

Cuando Fortuño salió de la gobernación, el 2 de enero de 2013, la deuda pública ascendía a $69,948 millones.

El cálculo correspondiente a la gobernación de García Padilla se limita a sus primeros ocho meses de administración, en los que ascendió a $850 millones ($1,450 millones ajustados). Pero debemos recordar que, después de esa fecha, el gobierno de García Padilla colocó en los mercados una emisión de bonos por $3,500 millones que contribuyó a su admisión de 2015 de que la deuda de Puerto Rico era impagable.

Los números fríos no mienten, sino que comprueban que la responsabilidad de la debacle fiscal es compartida y que cada administración de turno tuvo en sus manos ponerle coto antes de tener que declarar al País en quiebra y no lo hicieron.

Juzque cada cual el resultado.

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