Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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La debacle de las instituciones

Roberto Sánchez Vilella perdió la gobernación en 1968 porque había sido prácticamente expulsado del Partido Popular Democrático (PPD) y se presentó a las elecciones con una colectividad recién fundada por él mismo. Luis A. Ferré perdió en 1972 porque para aquella época el PPD era una fuerza arrolladora. Rafael Hernández Colón perdió en 1976 por la crisis petrolera y Carlos Romero Barceló en 1984 porque Hernán Padilla fundó un segundo partido estadista. 

Hernández Colón no se presentó a la reelección en 1992 o porque estaba cansado o porque había sido derrotado en un referéndum en 1991. Sila Calderón, igual, desistió de correr en 2004 porque otros intereses se le metieron en el corazón, Aníbal Acevedo Vilá perdió en 2008 por el caso federal en su contra y Luis Fortuño en 2012 por los miles de despidos. Alejandro García Padilla, mientras tanto, no aspiró a la reelección en 2016, en parte por la crisis y en parte por la sombra del caso Anaudi Hernández. 

En resumen, desde que los griegos inventaron la democracia y acá en Puerto Rico desde siempre, políticos han estado ganando y perdiendo elecciones, desistiendo de aspirar, siendo declarados “no viables políticamente” o tachados de antemano por los poderes ocultos o a veces no tan ocultos de sus partidos, por las más variopintas razones. Si las controversias que vive Puerto Rico en estos días le cuestan  la carrera política al gobernador Ricardo Rosselló será, en ese sentido, solo uno más  cuya carrera, por buenas o malas razones, termina antes o en peor estado de lo previsto. 

Lo verdaderamente importante de estas horas tremendamente dramáticas que vivimos como sociedad no es lo que pueda pasar con la carrera política de Ricardo Rosselló. Esto no es una crisis política, de las que hemos vivido muchas veces antes. Esta es una crisis institucional de proporciones monumentales que ha puesto bajo sospecha el funcionamiento mismo del Estado como un ente que se supone que exista para garantizar el bienestar común y el orden social, y eso es infinitamente más importante que quién corra por qué partido en las próximas elecciones. 

Las revelaciones que están surgiendo en las últimas semanas con una frecuencia que aturde están mostrando una debacle total en la institucionalidad que ha dejado al desnudo la muy dolorosa verdad de que el estado que se supone sea de todos es, en realidad, la piñata de unos pocos que lo saquean desfachatadamente para beneficios e intereses personales o de ciertos grupos económicos.

Veamos el ejemplo más sobrecogedor: Departamento de Hacienda. 

Las aseveraciones que hizo el exsecretario Raúl Maldonado ayer en la mañana son de una gravedad que no parece que se hayan entendido en toda su magnitud. Hacienda es quizás la agencia con la tarea más delicada en el ordenamiento institucional de Puerto Rico. Allí se guarda información confidencial económica de todo el que paga contribuciones aquí. 

Una de las afirmaciones de Raúl Maldonado es que hay personas que trabajan allí que acceden a esa información para propósitos ilegítimos. Véalo como es y trate de no espantarse: usted confía su información más delicada al Departamento de Hacienda para contribuir con su deber ciudadano y allí hay gente husmeando en esa información para sacarle algún provecho malsano. Es difícil subestimar cuán grave es esa acusación, cuánto dice lo bajo que puede haber caído una agencia con una función tan principalísima en nuestro país.   

Maldonado dijo también que en Hacienda hay venta de influencias, se otorgan licencias ilegales, destrucción de documentos “y otras actividades” y que alguien de alto nivel de esta administración trató de extorsionarlo entrando ilegalmente a los récords de sus pasados clientes. 

Hay razones no descabelladas para pensar que el mismo Maldonado es objeto de alguna pesquisa por traqueteos con contratos y que pudo haber dicho estas cosas para sacarse el foco investigativo de encima y tratar de dirigirlo a otras personas. Pero eso hay manera de averiguarlo: se le interroga en el acto bajo juramento. Si es mentira, ahí se sabe. Al mismo tiempo, agentes de ley y orden van a las áreas donde se llevan estas acciones y acordonan el área e impiden que alguien traquetee con la evidencia. 

Ninguna jurisdicción está inmune a la corrupción. Lo que distingue a las peores de las que no están tan mal es la reacción de la institucionalidad cuando se sospecha o se detectan actos ilegales. Veamos ahora la reacción aquí para que sigamos entendiendo el nivel de la profunda crisis institucional que vivimos.   

El gobernador Ricardo Rosselló despidió fulminantemente a Maldonado tan pronto supo lo que había dicho. Dice que lo botó porque no le llevó esa información antes de divulgarla públicamente. Ni esta vida ni la próxima le darán para explicar por qué antes de despedirlo no lo llamó a La Fortaleza a preguntarle qué funcionario de alto nivel quiso extorsionar al mismísimo secretario de Hacienda.  Es imposible imaginar cómo el gobernador puede dormir con esa duda. 

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, mientras tanto, se quedó paralizada. Al principio no dijo nada. Después dijo que Maldonado “tiene las puertas abiertas” de la agencia por si algún día quería ir a denunciar algo que le constara. Después dijo que si no iba, lo citaba. Al final, ante el revuelo que su actitud causó en la opinión pública, lo citó para este viernes, lo cual le da algo de tiempo a los que pudieran haber cometido crímenes en Hacienda de tratar de deshacerse de alguna evidencia. 

La semana que viene, dijo, citará al hijo de Raúl Maldonado, quien en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación ha implicado al gobernador Rosselló en actos de corrupción, aunque sin ofrecer, por ahora, ninguna evidencia. 

Pero nuestra situación es tan trágica que, incluso actuando, la secretaria de Justicia no está exenta de sospechas, pues mucha gente cree, con o sin razón, que si interviene no es para buscar a ningún culpable, sino para proteger a alguien. 

La situación de Hacienda es gravísima, pero no es la única. Se sabe, por ejemplo, que están bajo investigación operaciones o figuras ejecutivas también en los departamentos de Educación y de Salud, y en la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el plan de salud del gobierno, por sospechas de manejos irregulares en la otorgación de los contratos multimillonarios de esa iniciativa. 

Hoy, por otro lado, las agencias federales se les arreglaron para dejar saber disimuladamente que tienen  a la ex secretaria de Educación Julia Keleher bajo la lupa hace meses y que la pesquisa en su contra incluye el ángulo de lavado de dinero.  

En pocas palabras, las agencias con las funciones más esenciales del estado puertorriqueño, y de las que más dinero manejan, están bajo sospecha. No son las únicas, lo sabemos. Estamos claros en que si estas cosas pasan en las agencias más importantes, las que más están en el ojo público y las que más son fiscalizadas, no podemos ni imaginar lo que ocurre donde se mira menos.

Entre esos escombros humeantes, pues, camina hoy la aturdida sociedad puertorriqueña. 

La debacle de las instituciones en Puerto Rico es larga y dolorosa. Lleva décadas desarrollándose ante nuestros ojos mayormente indolentes. El partidismo y los intereses económicos se las fueron apropiando, aplastándolas y  haciéndolas inservibles. En los días pasados chocamos, y en los que vienen volveremos a chocar, con la certeza de que no nos queda prácticamente nada. Nos llevaron estos días a mirar cara a cara la feroz verdad de que nos lo quitaron todo. 

Políticos van y vienen. Ricardo Rosselló será tarde o temprano, como muchos de los que la antecedieron en el cargo, no más que un mal recuerdo. 

Con la debacle institucional vamos a vivir muchísimo más tiempo.

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