Efrén Rivera Ramos

Tribuna Invitada

Por Efrén Rivera Ramos
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La decisión de Boston

Los tribunales no resolverán el status de Puerto Rico. Ese es un asunto político que requerirá una solución política. Por eso siempre he visto con escepticismo el intento de lograr que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos “revoque” los llamados Casos Insulares.

Los Casos Insulares son una serie de decisiones de ese tribunal que, a principios del Siglo 20, determinaron, entre otras cosas, que a Puerto Rico debe considerársele un territorio no incorporado de Estados Unidos sujeto a los “poderes plenos” del Congreso. En 1980 -ya proclamado el Estado Libre Asociado- basándose en esa jurisprudencia el Tribunal Supremo concluyó que, por efecto de la Cláusula Territorial de la Constitución, el Congreso tiene facultad para tratar a Puerto Rico de forma diferente a los estados en la extensión de beneficios sociales y otros asuntos.

La decisión reciente del Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito sobre la llamada “quiebra criolla” se fundamenta en parte en la doctrina vigente sobre el desplazamiento de la legislación estatal por la federal. Pero también descansa en los entendidos básicos generados por los Casos Insulares y su secuela. El resultado, pues, no debió sorprender a nadie.

Es en ese contexto que cobra importancia la opinión concurrente del juez puertorriqueño Juan R. Torruella en ese caso. Sin salirse del esquema elaborado en los Casos Insulares, Torruella invita a reexaminar la proposición, formulada frecuentemente a la ligera, de que, por virtud de sus poderes plenos, el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que quiera. Eso no es tan así, dice el conocido jurista.

Los mismos Casos Insulares adoptaron la tesis de que el Congreso no podría vulnerar determinados “derechos fundamentales” de las personas residentes en los territorios no incorporados. Por ejemplo, el Congreso no podría violentar el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de culto de los residentes de Puerto Rico, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución federal aplican en Puerto Rico.

Pero aun cuando no se trate de “derechos fundamentales” el Congreso tendría límites constitucionales. El juez Torruella se encarga de recordarnos que en el muy citado caso Harris v. Rosario, de 1980, en el que se concluyó que el Congreso puede discriminar contra los residentes de Puerto Rico en la extensión de programas sociales, el propio Tribunal Supremo condicionó esa facultad a que la determinación tenga una justificación razonable. Es decir, no puede ser producto de la arbitrariedad. Eso es lo que en la doctrina constitucional de Estados Unidos se conoce como el estándar de “racionalidad mínima”, que deben usar los tribunales para evaluar actuaciones gubernamentales que establecen diferencias entre ciertos grupos y personas.

Si bien se trata de un criterio de evaluación judicial muy deferente hacia las acciones legislativas y ejecutivas, Torruella llama la atención al hecho de que en años recientes el Tribunal Supremo le ha puesto dientes a ese estándar de revisión y le ha requerido tanto al gobierno federal como a los estados que demuestren tener realmente una justificación razonable, sustentable en derecho, antes de establecer diferencias discriminatorias. Ello ha sido así, por ejemplo, en el tema del discrimen por orientación sexual.

Tras examinar el historial legislativo pertinente, Torruella llega a la conclusión de que el Congreso no ha aportado fundamento alguno que justifique razonablemente la exclusión de Puerto Rico de las disposiciones del capítulo 9 de la ley de quiebra federal. Eso, opina, es inconstitucional. Los “poderes plenos” del Congreso no dan para tanto.

Aunque no está exento de dificultades, este es un enfoque interesante que reabre y retoma vías de análisis para cuestionar jurídicamente las actuaciones del Congreso sobre Puerto Rico. No implica la revocación de los Casos Insulares. No resuelve el problema del status. Pero puede proveer una línea de defensa contra las arbitrariedades más perniciosas de un Congreso que, en palabras de Torruella, continúa tratándonos como simple posesión colonial.

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