Jorge Colberg Toro

Tribuna Invitada

Por Jorge Colberg Toro
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La decisión de Taylor Swain: prudencia o colisión

El pasado 5 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló se jugó la carta más importante de su carrera política. Acudió ante el Tribunal Federal para exigir que se aclare - de una vez y por todas - el grado de autoridad del gobierno de Puerto Rico frente a la Junta de Supervisión Fiscal.  

A pesar de su fuerte reclamo, el primer ejecutivo fue muy cuidadoso. Contrario a otros pleitos, en este, no se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Promesa. Por el contrario, Rosselló concentró su estrategia legal en reclamar dos puntos específicos. 

Plantea, de inicio, que su autoridad emana de la voluntad del pueblo de Puerto Rico a través del voto, por lo que la Junta - al intervenir o condicionar sus certificaciones al cumplimiento de ciertos requerimientos de política pública - usurpa poderes reconocidos al gobierno electo bajo el sistema constitucional del Estado Libre Asociado. Sí leyó bien, bajo el ELA. 

El segundo punto, es que si el Congreso hubiese querido otorgarle poderes absolutos a la Junta, debió establecerlo expresamente en la Ley federal Promesa y no lo hizo.  

Este no es otro caso más. Es el gobernador de Puerto Rico quien, en su calidad oficial, está denunciado que la Junta de Supervisión está cruzando una línea de autoridad que no le compete excediéndose en sus funciones. 

Este caso va a la médula de la controversia sobre la capacidad del Congreso de legislar sobre Puerto Rico. Para resolver la controversia, más allá de los argumentos legales, existen dos realidades fundamentales:

Primero, el respeto que merece un proceso histórico de desarrollo político y electoral que ha permitido la convivencia pacífica y democrática del país bajo un sistema validado por el Congreso y el pueblo de Puerto Rico; segundo, reconocer la intención del Congreso de crear un organismo que se asegure que Puerto Rico enderece sus finanzas, pueda cumplir sus obligaciones económicas y pueda, además, regresar a los mercados de inversión. 

Por eso, solo hay dos opciones. Primero, si el gobernador Rosselló gana el caso y se establece que la Junta no puede intervenir en los asuntos de política pública, entonces, el gobernador habrá logrado el reconocimiento de su autoridad legal y moral para ejercer el poder político con plena autonomía, y se reconocerá que bajo el estatus actual del ELA, el grado de gobierno propio que tienen los puertorriqueños no puede ser revertido de un plumazo por el Congreso de los Estados Unidos. Sin duda, sería un triunfo para el gobernador Rosselló pero también para el ELA.

Por el contrario, si el Tribunal establece que en efecto, la Junta de Supervisión puede - a través de la adopción del presupuesto y el plan fiscal - determinar asuntos de política pública, entonces, implícitamente, el Tribunal estaría aboliendo el gobierno constituido por el pueblo convirtiendo en inoficiosas e inconsecuentes a las Ramas Ejecutiva y Legislativa, lo que inevitablemente nos colocará frente la existencia de una autoridad ilegitima e impuesta que de seguro será retada en las calles y en los foros internacionales.

Esa ruta - indudablemente - colocará a los Estados Unidos en un vergonzoso papel de troglodita imperial desatándose el reclamo masivo de la reinscripción de Puerto Rico en la lista de territorios no-autónomos y el inicio de un proceso de renegociación de las relaciones políticas de Puerto Rico y los Estados Unidos bajo un escenario complicado.

Por ello, la inminente decisión de la jueza Laura Taylor Swain se resume en una de dos: prudencia o colisión. El tiempo dirá.

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