Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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La derogación es un paso atinado

El objetivo de la Ley 80 es proteger a los buenos trabajadores de despidos injustificados. Lamentablemente, en la práctica, el cumplimiento de sus objetivos ha sido poco efectivo. Por el contrario, ha habido menos empleo, salarios más bajos, altos costos de cumplimiento, peso desproporcionado sobre pequeñas empresas y protección de empleados menos productivos.

Un ejemplo de cómo una legislación laboral bien intencionada causa desempleo es el caso de Lufthansa. Estuvo cerca de establecerse en México en vez de Puerto Rico debido a las leyes de tiempo extra existentes aquí. Para conseguir la inversión y empleos aquí fue necesario aprobar la Ley 32 de 2014 para promover la industria de reparación y mantenimiento de aeronaves. El artículo 6 exime a las empresas de esta industria de las leyes locales de compensación por tiempo extra.

La Ley de Cierre limitaba el horario de actividad comercial y subía los costos de operar mediante pagos especiales al personal que trabajaba los domingos. De no eliminarse, habría más empleo, pero no en la isla, sino en Amazon, en Washington.

El consenso entre estudiosos del tema, incluidos la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y el Fondo Monetario Internacional, es que la eliminación de leyes como la 80 sube la producción de la jurisdicción, aunque hay diferencias en cuanto a la magnitud del incremento. La Junta de Supervisión Fiscal estima que la eliminación de la Ley 80 generará un crecimiento anual adicional de 0.3% en la economía.

Por lo tanto, la economía del país será mayor con la eliminación de la Ley 80. No podemos tener certeza de cuán positivo será el cambio por la naturaleza de la ciencia social que es la economía. En física podemos dejar caer un objeto con y sin aire para concluir que es la resistencia del aire lo que provoca que una pluma de ave descienda a menor velocidad que un pedazo de plomo. En economía no podemos hacer un experimento controlado.

Sabemos el desempeño de la economía bajo la Ley 80. No podemos volver al pasado para saber cómo habría sido el desempeño de la economía en ausencia de esa ley. Tenemos que descansar en la experiencia de otras jurisdicciones, la teoría económica y modelos matemáticos aceptados en la profesión que sugieren un rango de cuán beneficiosa será la derogación para el trabajador en la isla.

La Ley 80 está sesgada en contra de las pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen mecanismos sofisticados de evaluación de empleados y contratan abogados laborales externos para que atiendan los casos. Las pequeñas empresas a menudo prefieren transigir los casos que aceptar la incertidumbre y el costo que implica litigar el caso, aún si el empleado fue despedido por justa causa.

El Artículo 3A de la Ley 80 es un ejemplo de cómo no se protege los empleos de los puertorriqueños, sino que se protege al empleado poco productivo. Si una empresa tiene varias oficinas, fábricas o tiendas, y cierra una de ellas, puede despedir todo el personal de la facilidad a ser cerrada sin tener que pagar mesada de Ley 80. Sin embargo, si existen par de empleados excelentes en dicha facilidad, el patrono no puede despedir dos empleados menos productivos en otra facilidad y retener los mejores empleados. En este sentido la Ley 80 no protege el empleo de los trabajadores sino el empleo de los trabajadores menos productivos. Es posible que ese par de empleados excelentes terminen en un avión rumbo a la Florida.

La derogación de la Ley 80 es una acción decisiva de muchas que se requieren para encaminar a Puerto Rico a su recuperación.

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