Kenneth McClintock

Punto de vista

Por Kenneth McClintock
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La descolegiación tendría consecuencias catastróficas en algunas profesiones

Hace cerca de un cuarto de siglo, durante mi primero de cuatro cuatrienios en el Senado, motivado por acciones políticas tomadas por el Colegio de Abogados, radiqué legislación para eliminar de golpe y porrazo la colegiación compulsoria en Puerto Rico. A diferencia de muchos de los proyectos que radiqué en ese cuatrienio, esos sobre colegiación no fueron aprobados.

Su radicación, sin embargo, creó la oportunidad de conocer mejor el funcionamiento de los colegios, su interacción con las juntas examinadoras y que el controversial Colegio de Abogados no era el mejor ejemplo de los demás colegios. Como resultado, en mis tres cuatrienios subsiguientes nunca volví a radicar esos proyectos, no por olvido sino por conocimiento de causa.

Durante mi cuatrienio como secretario de Estado me correspondió dar apoyo administrativo a unas 20 juntas examinadoras. Con los reducidos recursos humanos y monetarios, a mi alcance, pudimos contar con los colegios para ayudar a reglamentar profesiones, garantizar la movilidad de nuestros profesionales para trabajar no solo en nuestras islas sino en el resto de nuestra nación y cumplir estrictamente con reglas nacionales también aplicables a Puerto Rico.

Colegios tales como los ingenieros, los médicos, los dentistas y los Contadores Públicos Autorizados trabajan estrechamente con sus respectivas juntas para evitar que, por múltiples y prolongadas vacantes o falta de recursos humanos y económicos o peritaje, ningún profesional licenciado por su junta se vea afectado en su práctica, en Puerto Rico o en otra parte de la nación.

Se han radicado cerca de treinta proyectos para, individualmente, descolegiar a cada profesión. En al menos algunas profesiones, la descolegiación tendría consecuencias catastróficas, impidiendo que CPA puedan hacer auditorías de fondos federales, que médicos o dentistas puedan trasladar fácilmente sus prácticas a cualquiera de los 50 estados de nuestra nación. Establecer un sistema distinto podría requerir años de transición y recursos económicos que la Junta de Supervisión Fiscal difícilmente autorizaría y con los cuales francamente no contamos.

En un caso que aún no es final y firme, nuestro Tribunal Supremo local recientemente resolvió una demanda contra un colegio en particular y declaró que el requisito de membresía compulsoria infringía innecesariamente con el derecho de libre asociación. Determinó que, en lo sucesivo, casos y controversias como esas se analizarían mediante el estándar de escrutinio estricto. Por una votación bien estrecha de 5-4 dijo que en casos sucesivos el escrutinio judicial para determinar si la necesidad de la colaboración de un colegio era tal como para tener más peso, más justificación, que alguna limitación a la libre asociación sería estricto, más empinado.

Al evaluar los proyectos radicados sobre el tema, la Asamblea Legislativa debe permitir que colegios que obviamente colaboran con las juntas examinadoras, y que en algunos casos hacen prácticamente todo el trabajo de dichas juntas, garantizan la reglamentación de las más importantes profesiones, tengan el turno al bate que la reciente decisión del Tribunal Supremo les ofrece a estas entidades creadas por ley.

Esta semana pasada se cumplió el 65 aniversario del caso del Tribunal Supremo Federal que provocó el cambio social más trascendental la desegración racial. Aún en ese caso, resuelto unánimemente, la corte Warren evitó que se instrumentara el cambio a paso seguro pero no en forma radical, de la noche a la mañana.

Aunque no coincido en la totalidad con la decisión de nuestro Supremo local, reconozco la sabiduría de siempre promover el cambio de forma menos radical, más gradual.

Esperemos que al evaluar este mismo tema, nuestros legisladores, aún quienes tengan reparos con la filosofía de la dualidad de la colegiación y colaboración con las juntas examinadoras, no instrumenten cambios radicales que lancen centenares de empleados de los colegios al desempleo, provoquen parálisis en el licenciamiento profesional y desamparen a profesionales que se han mudado a ejercer sus oficios en el continente y también los que desde Puerto Rico están exportando sus servicios, generando más actividad económica local.


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