Emilio Nieves Torres

Tribuna invitada

Por Emilio Nieves Torres
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La desestabilización de la educación pública en Puerto Rico

La intención de la Junta de Control Fiscal, basándose en el Plan Fiscal del Gobierno, para reducir el salario a los empleados públicos, tiene el efecto de eliminar 18 días de clases. Esto no es compatible con el principio de que la educación pública es un servicio esencial.

Provocar que los estudiantes tengan tantos días u horas sin clases, reduce el calendario escolar de 181 a 163 días. Anualmente, equivale a tres meses sin clases. Esta situación trastoca la vida de más de 300,000 familias que desesperadamente, de imponerse la voluntad de la Junta que decide e impone (no que recomienda), tendría que hacer arreglos para y cuido de sus hijos. Por otro lado, ¿qué actividades desarrollarán los estudiantes en ese tiempo libre?

El efecto en la clase magisterial es una reducción mensual de su salario entre $175 y $350. Anualmente equivale a una reducción salarial entre $2,100 y $4,200. A esto se añade la reducción en un 50% del salario de la segunda quincena del mes de julio, dado que el sistema de pago de vacaciones de los maestros depende de lo que acumule con los días trabajados.

El magisterio de Puerto Rico tiene un salario estancado desde el año 2008 y, conforme a las leyes aprobadas por el gobierno de Ricardo Rosselló, así continuará hasta el año 2021.

Miles de maestros gastaron dinero y tiempo preparándose para completar maestrías y doctorados, con la esperanza de alcanzar algún incentivo económico mediante la Carrera Magisterial. Sin embargo, esos incentivos han quedado en suspenso por la pasada y la presente administración gubernamental.

Por otro lado, las medidas impulsadas por el gobierno y la Junta de cerrar los sistemas de retiro y privatizarlos, genera incertidumbre y frustración. Por un lado, el Gobernador firma la Ley 106 de 2017 en la cual se excluye de la medida de privatización de los sistemas de retiro a maestros que cotizaban antes de agosto de 2014. Esto es el resultado de la lucha del magisterio que logró que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la Ley 160 de 2013 de la pasada administración. Además, las manifestaciones públicas del Frente Amplio Magisterial y las reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes provocaron respetar esta decisión judicial.

Por lo tanto, el gobierno asume el pago de esas pensiones desde el fondo general, lo cual dependerá de lo recaudado y del presupuesto que se apruebe anualmente. Esta circunstancia no da certeza al magisterio de un pago de pensión de un 75% y que sea vitalicia.

Esta situación se agrava con la posición de la Junta de Control Fiscal que no reconoce exclusión alguna para el magisterio. Es decir, propone la privatización del sistema de retiro para todos los maestros activos. En el caso de los pensionados, pretende imponer una reducción entre 5% y 25%, mediante una fórmula que pone en peligro las aportaciones para planes médicos.

Todas estas medidas desestabilizan el servicio educativo porque provoca que los estudiantes universitarios desistan de prepararse para ser maestros o aceptarían ser maestros temporeramente. Esto va a aumentar la necesidad de maestros de difícil reclutamiento: inglés, ciencia, matemáticas y español. Además, los maestros que tienen entre cinco y 25 años de experiencia considerarán renunciar, cambiar de empleo o emigrar a otros países. Pero los que dirigen el país e imponen decisiones dictatoriales, no les importa la desestabilización de nuestro sistema de educación pública.

Los que creemos, de palabra y acción, en la educación pública, continuaremos defendiendo a la clase magisterial y el servicio educativo que ofrecen. Estoy convencido de que la educación pública (incluyendo la UPR) es la herramienta principal para superar la crisis social y económica de nuestro país. La lucha continúa. 

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