José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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La deuda, ¿dónde estamos?

Esta crisis de deuda no ha habido una autoridad, electa o impuesta, que defienda el interés del sector real (trabajadores y productores) de la economía ante el sector financiero. Veamos.

Deuda sin reestructurarse: en 2018 la Asociación de Economistas recomendó que toda la deuda entrase al Título Tres (quiebra). Pero, la Junta de Control Fiscal (JCF) solo lo solicitó para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Cofina, obligaciones generales, Autoridad de Carreteras y Sistema de Retiros. En entidades como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados prefirieron aumentar anualmente las tarifas al sector real para pagarle más al sector financiero.

Decían que la JCF era el precio del acceso a la quiebra, entonces, ¿por qué no aprovecharla? Por no perjudicar al sector financiero bajo la excusa que “no nos prestarán”. En Detroit se recortó la deuda y a los 18 meses tenían acceso al crédito. Las decisiones de inversión se toman mirando el futuro: debieron recortar suficientemente la deuda para evitar recaer en otra crisis de deuda.

Banco Gubernamental de Fomento: esta renegociación creó un pésimo precedente: recortaron menos del 40% de su deuda aun sin tener una fuente de pago segura. Esto contradijo las investigaciones de Martín Guzmán y Joseph Stiglitz y del exbanquero Gregory Makoff, quienes encontraron por separado que la deuda total era sostenible si se recortaba al menos 60% del principal. El 72% de los economistas locales apoyan esos hallazgos. Las ineficientes estructuras municipales gravarán ampliamente para satisfacer esta deuda, incluyendo el impuesto al inventario que perjudica al sector real.

AEE: el recorte general es cerca de 23%; solo ocho puntos porcentuales más que lo alcanzado sin Promesa. Este acuerdo incluye un aumento anual al costo por kilovatio para pagarle más al sector financiero, reduciendo la competitividad del sector real. Al final este acuerdo encarecerá en casi 20% un kilovatio que ya era caro (véase análisis de Sergio Marxuach).

Cofina: esta deuda empezó refinanciando la deuda extra-constitucional de la década de 1990 y luego aumentó para pagar gastos operacionales. No hubo gran inversión en infraestructura para el sector real.

Sin certeza de si se violaron límites constitucionales, se legitimó el repago ante el supuesto riesgo de tener que pagar la totalidad, como si eso fuese una opción para un deudor quebrado. El tribunal no oyó al doctor José Alameda (único economista en sala), pero sí a un financiero (con un bachillerato) que apenas conoce los modelos de sostenibilidad de deuda. Las partes dicen que nos “ahorramos” un litigio costoso, pero acordaron que el sector real pague la friolera de $472 millones en los honorarios de ambas partes y no consideraron que, si hay una segunda ronda de reestructuración, habrá más honorarios que pagar.

El gobierno celebró el supuesto 46.3% del IVU que llegaría a sus arcas, olvidando que, si no se cumplen las expectativasexageradas de crecimiento económico, es probable que esa porción regrese a Cofina. La legislatura siquiera discutió el proyecto.

Parece que hay prisa para regresar al mercado. Vale parafrasear al economista José Toral: si la infraestructura se privatizó o se renovará en la reconstrucción, ¿por qué la prisa para tomar prestado?

Obligaciones Generales: quizás la única movida acertada para recortar adecuadamente fue la impugnación de casi $6,000 millones de deuda del gobierno central. Pero, esto es apenas el 8% de la deuda total, por lo que no compensa el resto de malas decisiones.

Ya lo recoge Mateo: “nadie puede servir a dos amos”. Muchos sirven al sector financiero, tanto en el tribunal como en los medios (ejemplo, vea los comentarios a esta columna), pero casi nadie sirve al sector real, devastado por 13 años de depresión y dos huracanes. El pueblo seguirá migrando para evadir el pago de estos malos acuerdos y, de paso, hacerlos menos sostenibles.

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