Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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La deuda: pagar o no pagar

El dilema sobre el pago de la deuda pública de Puerto Rico tiene vertientes legales, financieras y hasta morales. En una vista reciente de la Junta de Supervisión de Puerto Rico (Junta), su presidente José B. Carrión III sorprendió a los ponentes al preguntar si convenía o no pagar la deuda. En este soliloquio, que parece haber sido sacado de Hamlet, Carrión no explicó si se trataba de una pregunta filosófica, legal o práctica.

Esta semana, tres economistas locales prestigiosos (Fernós, Colón de Armas y Quiñones) coincidieron, en que la “hoja de ruta” para la economía de Puerto Rico no luce clara y que el gobierno no ha podido encontrar salida del atolladero crediticio. El jueves pasado, unos 26 académicos pidieron al presidente Donald Trump la condonación de las deudas de Puerto Rico, por lo menos hasta llegar a niveles de crecimiento.

A la vez, el Centro Para una Nueva Economía (CPNE) y Espacios Abiertos emitieron un reporte que contradice la parte del Plan Fiscal en la que la Junta autoriza el repago de 20% a los bonistas por diez años. El reporte concluye que Puerto Rico no tendrá capacidad para pagar dicha cantidad, confirmando los comentarios anteriores de Martín Guzmán y Joseph E. Stiglitz, de Columbia University, quienes criticaron el Plan Fiscal por haber sobreestimado el crecimiento del producto bruto e ignorado el efecto de las medidas de austeridad sobre los ingresos fiscales. (Ver: Guzmán, M. y Stiglitz, J., “Promesa’s Dangerous Premises”, Project Syndicate, Sep. 18, 2017 http://prosyn.org/uvrfh1l).

El uso del crecimiento de GDP para medir una economía fue criticado por David Pilling en el Financial Times del 8 de enero de 2018 (“What are we really worth?”). Pilling expresa dudas sobre el método porque mide las riquezas (“wealth”) a base del flujo de ingreso (“flow”) e ignora el factor de capital (“stock capital”), que incluye el valor de capital humano, los recursos naturales (renovables y no renovables) y los ecosistemas (aire, agua y nutrientes).

El GDP tampoco mide con exactitud la economía subterránea, que en Puerto Rico se estima en 36.47% de PIB ($37,613 millones en 2014) (Castro Gonzáles, S., El Nuevo Día, 22 de agosto de 2017, pg. 37).

Pilling cita a Paul Collier para concluir que los aumentos cortos (“spurts”) en GDP no garantizan salud económica ya que no resultan en “crecimiento sostenible”. (Collier, Paul, The Bottom Billion, Why the poorest countries are failing and what can be done about it, Oxford University Press, 2007).

Es importante la advertencia de Pilling al hacerse el diagnóstico y Plan de Ajuste de deudas para Puerto Rico, ya que muchos de los barómetros económicos tradicionales no aplican igual a nuestra economía por la relación sui generis con la metrópolis, la masiva economía subterránea y el valor enorme de capital humano y recursos naturales de la Isla. Además, muchos economistas locales prefieren usar el crecimiento de producto interno bruto (PIB) real en vez del nacional (PNB), por la proporción alta de inversiones extranjeras en la isla. (Ver: “Proyecciones de crecimiento económico 2017”, Santiago, Rafael L., El Nuevo Día, 19 de diciembre de 2017).

La pregunta de Carrión sobre el pago de la deuda debe examinarse también a base del informe de liquidez del gobierno de enero 5, 2018, en el que aparecen $6,875 millones depositados en 800 cuentas y un sobrante de $1,670 millones para 2017. La contestación a Carrión es que debe pagarse la deuda, pero dentro de los márgenes razonables de sostenibilidad y utilizando la condonación de la deuda por medio de la negociación y/o la aprobación judicial de un Plan de Ajuste, y dentro del mecanismo del título III de PROMESA.

La teoría de que existen razones políticas o morales para justificar el impago puede resultar contraproducente. Lo que hace falta es una investigación verdaderamente independiente sobre posibles ilegalidades y mala administración por los distintos gobiernos, incluso el uso de prácticas crediticias y de ventas cuestionables por bonistas, casas de inversión, bancos y sus asesores.

Esto debe hacerse de inmediato y de forma forense e integral. Antes que nada, hay que determinar si existe responsabilidad en cualquier lado de la ecuación crediticia, que sirva para reducir la deuda final a ser pagada dentro del Plan de Ajuste, y obligar el reintegro de cualquier beneficio obtenido de forma improcedente al caudal de los deudores.

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