Carlos G. Salgado Schwarz

Punto de Vista

Por Carlos G. Salgado Schwarz
💬 0

La dignidad del silencio judicial

Cumpliendo con los Cánones de Ética Judicial, las expresiones que aquí comparto son las del autor en mi función como Presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y en nada refleja las posturas y opiniones de la Rama Judicial.

Recientemente surge en la palestra pública un evento procesal en un caso en particular de la Región Judicial de San Juan, cuyas partes a su vez son figuras públicas de la política puertorriqueña. Acto seguido, un analista político que a su vez es abogado y profesor de derecho publicó una columna donde recicla unos planteamientos que le sucedieron a él particularmente en otra región judicial y por el cual fue amonestado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. (In Re: Carlos Díaz Olivo, 2019 TSPR 207)

Quiero aclarar que las actuaciones del Juez de San Juan cuya orden dictada el 23 de diciembre de 2019 provoca esta discusión, hizo su gestión exclusivamente en su capacidad como Juez Superior y no como pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, gremio que actualmente presido. 

La corrección en derecho o procedencia de la orden dictada por el magistrado es aún materia de adjudicación por tribunales de mayor jerarquía. Dicha orden no ha advenido final y firme y comentar sobre la misma sería una grave imprudencia. 

Sin embargo, vivimos en una sociedad donde el ser juez ha pasado a significar corrupción, sin presentar un ápice de prueba y generalizando a mansalva. En la historia de la judicatura puertorriqueña solamente se han atendido y confirmado dos casos, cuyos desenlaces han sido publicados y difundidos. El hecho de que los jueces guardemos silencio no debe ser fundamento para que se entienda en la sociedad que todos somos el reflejo de esos dos. Simplemente responde a que nuestra labor es acogernos a la dignidad del silencio y hacer nuestro trabajo.

El abogado/analista aduce con generalidad que “los jueces” están actuando de forma irresponsable. Pero al hacerlo de forma general mancilla la labor de la Judicatura en general. Es fácil atacar a un juez que no puede defenderse públicamente, y pone en entredicho la faena de los sobre 350 magistrados que tiene nuestra isla.

Los jueces somos funcionarios públicos y nos debemos al escrutinio público. No somos “vacas sagradas” ni estamos ajenos a lo que sucede en nuestro país. Los jueces son evaluados periódicamente y se reciben comentarios de todas las partes involucradas en la labor judicial. Estamos sujetos a los Cánones de Ética Judicial y a la Comisión de Disciplina Judicial. Pero cuando se le imputa comportamiento indebido a un compañero debe ser sustentado y procesado con la evidencia correspondiente. 

No tenemos problemas con la libertad de expresión que se profesa, aun cuando los jueces en funciones no disfrutan de ese mismo derecho. Pero hay momentos en que los abogados deben ser prudentes. Y ese es el factor que no cumplió el abogado/analista. Lo que haga como analista, bienvenido sea. Lo que haga en la sala del Tribunal, que se rija por los Cánones de Ética Profesional.

Estamos de acuerdo con el letrado, debemos actuar y reflexionar entre la judicatura y la comunidad jurídica para evitar contratiempos de esta naturaleza. Estoy a su disposición para discutir sus ideas.

Otras columnas de Carlos G. Salgado Schwarz

💬Ver 0 comentarios