José J. Villamil

Punto de vista

Por José J. Villamil
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La eliminación del impuesto al inventario

Esta nota parte de la siguiente posición: el impuesto al inventario es detrimental para nuestra economía, fomenta desigualdades entre empresas grandes y pequeñas, añade costos de transacción y complejidad a los negocios y, además, implica una marcada desventaja para los negocios que ubican en pueblos distantes del área metropolitana. 

Las decisiones de política económica y fiscal usualmente tienen ganadores y perdedores. Rara vez, al menos en la política fiscal, hay solo ganadores. Desde esa perspectiva hay que ver el reclamo insistente del sector empresarial para eliminar la contribución sobre el inventario. De hacerlo, los ganadores serían las empresas, los perdedores los municipios. Esa ecuación es la que se tiene que resolver para lograr una solución en que el saldo sea positivo para Puerto Rico. 

Hay un amplio consenso de que esa contribución es una muy negativa por muchas razones, algunas de las cuales se discuten en esta nota.  Sin embargo, es igualmente cierto que reducir los ingresos municipales en este momento, en que se han eliminado o están por eliminarse importantes fuentes de ingreso municipal, no es ni viable ni deseable.   

El consumidor se ve afectado, pues la contribución es posiblemente la causa principal para la falta de productos e inventario en los comercios. Estos -si tienen inventario-, tienen que pagar un impuesto, que se computa sobre el valor de la mercancía en inventario. Este varía por municipio. El costo para el comercio no es solo el pago de la contribución (que promedia un 8%), sino también el costo de cumplimiento. Se estima que se recaudan unos $200 millones por la contribución, cifra que, como es de esperar, exhibe alguna volatilidad.

Aunque el impuesto al inventario pudiera haberse justificado como medida para generar ingreso para los municipios, desde un punto de vista económico es injustificable. El fin de una política contributiva no es simplemente la de recaudar; más importante aún es incentivar determinadas actividades, desincentivar otras y, en términos generales, fomentar el ahorro y la inversión. Esta contribución, además de los problemas señalados, fomenta las compras vía el Internet, algo que no debe  ser un objetivo económico.

Hay varias consecuencias desiguales que surgen de la contribución. Dos de las más importantes son:

Área Metro San Juan versus el resto de la Isla. En el caso de San Juan -por ejemplo- operar un negocio con poco inventario no es tan complicado. ¿Por qué? Básicamente, porque las principales distribuidoras, o incluso los “muelles” están cerca. Las medidas para minimizar inventario con prácticas “just in time” son viables en el Área Metro, en el resto de la Isla y para las PYMES no tanto. La reposición de inventario tarda mucho más y las entregas son más inciertas.

Empresas grandes versus las medianas y pequeñas. Las grandes empresas y las cadenas tienen sus cadenas de abasto seguras pues en muchos casos ni siquiera tienen intermediarios, y su tamaño les asegura un alto grado de confiabilidad en entregas. Para las PYMES la realidad es muy distinta, como quedó comprobado luego de María, en que la carencia de productos se hizo sentir.

Al someterse el PC 1411 hace un año, uno de los autores de esta nota recomendó que se eliminara el pago de la contribución sobre inventarios a empresas de ventas al detal, de la industria de turismo y de producción industrial o agro-industrial con ventas menores de $5 millones. Esto impactaría a unas 42,000 empresas en la Isla pero representaría un impacto fiscal muy pequeño para los municipios, fácilmente compensado para cumplir con el requisito de que la medida sea “revenue neutral”.

De los aproximadamente $400 millones que los municipios recaudan en contribuciones sobre la propiedad mueble, un estimado razonable es que alrededor del 50% corresponde a la contribución sobre inventarios o unos $200 millones, como se mencionó. Si partimos de que las empresas de mayor tamaño representan sobre 70% de las ventas al detal, y que las PYMES acumulan menos inventarios, entonces es razonable concluir que menos del 30% de esos $200 millones corresponden a empresas locales medianas y pequeñas, unos $60 millones a lo sumo.  

El Proyecto de la Cámara 1411 utilizó un aumento en el impuesto sobre volumen de negocios (Ley de Patentes Municipales de 1974, según enmendada) para compensar. Al respecto, e igual a la exención de la contribución a empresas con ventas menores a $5 millones, la medida recomendada en el P. de la C. 1411 debe aplicarse a empresas con un volumen de ventas superior a los $500 millones. Compensar una merma en ingresos municipales de $60 millones se puede cubrir sin mucha dificultad y sin un impacto material en las empresas de ese tamaño. 

Por supuesto, la contribución sobre inventarios debe ser eliminada totalmente. De eso no debe haber duda alguna. Lo sugerido sería un primer paso que toma en consideración la situación actual de los municipios.

Kevin González-Toro es co-autor de este artículo.

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domingo, 6 de octubre de 2019

Ponce y su futuro económico

Ponce no ha sido una excepción a los procesos que han caracterizado a Puerto Rico en las pasadas dos décadas. Su población se redujo de 186,475 en el 2000 a 133,191 en el 2018, de acuerdo al Negociado del Censo. Aún desde antes de la reciente contracción en la economía de Puerto Rico a partir del 2006, Ponce y la región del Sur sufrieron por el colapso de la economía petroquímica en los años 70. En la actualidad, la mediana de ingreso de las familias en Ponce es $19,993 y en la ciudad el 47.9% de las familias viven bajo el nivel de pobreza. En Puerto Rico, esos dos números son $23,793 y 41.2%. Al igual que otros municipios, el gobierno municipal de Ponce se enfrenta a serios retos en cuanto a su situación fiscal.

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