Judith A. González

Tribuna Invitada

Por Judith A. González
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La empleabilidad de adultos con discapacidades

Cuando hablamos de personas con discapacidad, emergen connotaciones que aluden desde el discrimen hasta la equidad. La conciencia colectiva de la inclusión social de las personas con discapacidad se evidencia al implantar leyes que garantizan derechos o al develarse pleitos en reclamo a la igualdad. Se reconoce a la igualdad como lo paralelo a los semejantes, en cuanto a derechos y obligaciones. Sin embargo, al hablar de equidad, se precisa lo que cada persona necesita, en respeto a las diferencias individuales.

La acción hacia la equidad viabiliza soluciones a los retos que enfrenta la población adulta con discapacidad. Su educación está garantizada por la Constitución de Puerto Rico y leyes estatales y federales hasta los 21 años de edad a través de la Educación Especial. Esto promueve la inclusión para una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo. Pero, ¿cuál es la garantía después de la Educación Especial? ¿qué ocurre con esta población adulta con discapacidad? La respuesta varía en perspectivas: la legal apuntará a la obligación de cumplimiento de los procesos de transición y rehabilitación vocacional; la docente se concentrará en su contribución para la formación de seres útiles a la sociedad; la laboral develará su intención de oportunidades igualitarias de empleo; y la de los padres será una de preocupación por la independencia de sus hijos adultos. Pero, la perspectiva del adulto con discapacidad dependerá de sus intereses, talentos y habilidades individuales; con la motivación común de lograr la autosuficiencia y la convivencia saludable.

La matrícula de estudiantes de Educación Especial en el Departamento de Educación aumentó de 41,000 (Ley 51, 1996) a 129,086 al 2015 según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2017. Este aumento acentúa la inminente urgencia de atender la formación de esta población para lograr una vida de bienestar, productividad e independencia. Se devela pues, que la empleabilidad de estos adultos debe ser una consideración imperativa en todos los sectores concernientes. En lo que va de este año, la cantidad atendida por la Administración de Rehabilitación Vocacional para servicios de evaluación, consejería, colocación en el empleo y vida independiente es de 59,477. Sin embargo, la cantidad de adultos con discapacidad en un empleo remunerado es de 3,120. En ese marco, surge la interrogante de la empleabilidad sostenida de esta población. Indiscutiblemente, los retos para la población adulta con discapacidad se incrementan. El lente por el que se visualizan planes y acciones inmediatas o prospectivas debe ser uno dirigido a potenciar a todos de manera integral y equitativa, en lo educativo, laboral y social.

Este ineludible análisis fue tema central del Noveno Congreso de Investigación en la Educación Especial: “La vida adulta de los estudiantes con discapacidad: Retos, empleabilidad y servicios”, que se llevó a cabo ayer, martes, en la Universidad Metropolitana, en Cupey. El evento reafirmó la necesidad de buscar soluciones a este problema que afecta a un considerable sector de nuestra población.

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