Jorge Farinacci Fernós

Tribuna Invitada

Por Jorge Farinacci Fernós
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La equidad de género y la Constitución

Recientemente se ha suscitado un debate sobre la inclusión de un currículo de equidad de género en las escuelas públicas. Se trata de un asunto novedoso sobre el cual nos corresponde buscar toda la información posible con miras a entenderlo adecuadamente. Igual que ocurrió con el referéndum sobre la fianza, los asuntos de importancia social no pueden despacharse livianamente y le hacemos un flaco servicio a la democracia cuando reaccionamos sin pensar.

La postura asumida por ciertos sectores religiosos en reacción a la posibilidad de incluir la equidad de género en el currículo de las escuelas públicas merece ser contestado adecuadamente. Evidentemente, hay otras voces más apropiadas que la mía para explicar el contenido y alcance de esta propuesta y por qué es beneficiosa para el País. Pero hay un elemento importante que quisiera atender. Entre los argumentos vertidos en oposición a la propuesta sobre equidad de género se ha cuestionado su validez legal y constitucional. En particular, que la implementación de tal propuesta violaría los derechos constitucionales de los padres y madres de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Las voces en esta dirección hacen referencia a los derechos de libertad de culto y privacidad, que incluye el derecho a la crianza de los hijos.

El problema con estos argumentos es que ignoran el propio texto de la Constitución de Puerto Rico. Asuntos como este nos recuerdan de la importancia de volver a leer dicho documento con miras a conocer mejor el sistema en el que vivimos. La primera sección de nuestra Carta de Derechos lee: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.”

Cada sociedad moderna enfrenta diferentes manifestaciones del mal del discrimen. En los Estados Unidos, el prejuicio racial aún no ha sido superado. Por ejemplo, el racismo constituye la principal fuente de quejas en los centros de trabajo. En Puerto Rico, las estadísticas nos enseñan que el discrimen por sexo y género son nuestro principal reto. A esto le añadimos la crisis de la violencia de género y los prejuicios que aún muchas personas tienen sobre el rol de la mujer en la sociedad. Por algo nuestros constituyentes aprobaron semejante texto hace más de sesenta años. Es hora que lo pongamos en práctica.

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