Juan Colón Rodríguez

Punto de vista

Por Juan Colón Rodríguez
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La escuela privada, eje fundamental de la educación

Durante estos días de emergencia se han señalado los distintos desafíos que enfrentan los colegios privados ante la situación que sufrimos todos por la propagación del COVID-19. El pasado lunes, 6 de abril de 2020 se aprobó en el Senado la Resolución Conjunta 512. La medida manda que se realicen unos descuentos de mensualidades e impone una reglamentación de cómo deben operar los colegios privados durante este tiempo.

Dicha pieza legislativa se presentó en la Secretaría de ese cuerpo legislativo e inexplicablemente se aprobó ese mismo día por el Senado de Puerto Rico.  El mencionado tracto legislativo claramente demuestra que la medida fue aprobada sin que comisión alguna del Senado hiciera la investigación y estudio de rigor, o diera alguna oportunidad a la parte afectada por sus disposiciones, es decir, a los colegios y escuelas privadas de educación básica (K12), de poder exponer sus puntos de vista sobre la pieza legislativa. Es lamentable que nuevamente veamos este tipo de estilo de poca participación ciudadana ante una medida que afectaría a muchos puertorriqueños que trabajan en dichas instituciones.

Me preocupa que la medida se haya aprobado pensando en unas instituciones privadas cuyos recaudos son millonarios y no corren ningún riesgo de declararse insolventes, teniendo como consecuencia que un millar de padres y madres de familia se queden sin empleo. En Puerto Rico existen algunos colegios con alto poder adquisitivo, pero posiblemente esas instituciones no llegan al 3% en todo el país.

Sin embargo, en las demás instituciones, luego del huracán María, del terremoto (en el caso del área suroeste) y ahora con la pandemia, sus finanzas están en un estado crítico y aun así están tratando de utilizar todos sus recursos para transformar y restructurar todo su plan académico a distancia. Al mismo tiempo, reconociendo el compromiso que tienen con la economía de Puerto Rico, han tratado de garantizarle el trabajo a todos los miembros de su plantilla sin tener que recurrir a la simple ley, ya que muchas de estas instituciones están inspiradas en los valores más altos de solidaridad.

Muchos de los colegios privados han sido fundados por la crisis actual que tenemos como país, que siendo la jurisdicción en Estados Unidos en la que más se asigna dineros a su Departamento de Educación, no ha podido realizar un proyecto educativo que compita con la propuesta de muchos colegios privados. Sugerimos que con la misma diligencia que se hizo esta resolución se fiscalice al Departamento de Educación para que ejecute un plan de acción inmediato, ya que al igual que otras dependencias del gobierno, hay un inmovilismo estructural que afectará a muchos de nuestros niños por no poder recibir una educación en estos tiempos de emergencia.

Entendemos que es importante que todas las instituciones se adapten ante esta nueva realidad, inclusive nuestras escuelas privadas. Sin embargo, las verdaderas modificaciones nacen del diálogo entre las partes y recurriendo a un análisis responsable donde los daños colaterales sean mínimos. Esperamos poder ser escuchados en las distintas instancias legislativas y buscar así un bien común para que la educación en Puerto Rico no sea atropellada sino incentivada inclusive en tiempos de emergencia.


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