Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La estadidad no puede ser prioridad

Mientras gran parte del país sufre todavía las devastadoras consecuencias del huracán María, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente Jenniffer González están empecinados en que se someta un nuevo proyecto de estadidad en el Congreso.

De antemano, se le advirtió ya a González que no hay los votos en el Senado federal para promover un proyecto de esta índole.

La crisis dejada por María es tema de discusión en el Senado federal, cuyo Comité de Energía y Recursos Naturales interrogó esta semana a funcionarios de Puerto Rico y de Estados Unidos sobre el desastre y las acciones tomadas hasta ahora para remediar sus consecuencias.

Por parte de los senadores, se expresó preocupación de que en el futuro ocurra otra contratación como la de Whitefish Energy, que tuvo que ser rescindida por la presión pública y congresional, y se destacó la acción tardía de la administración de Rosselló Nevares en recabar ayuda para el restablecimiento de la colapsada red eléctrica.

Llama la atención que tanto los demócratas como los republicanos en el comité coincidieron en criticar al gobierno de Puerto Rico por tardar un mes en solicitar la ayuda de la Asociación de Empresas Públicas de Energía de Estados Unidos (APPA). En vez de acudir a la APPA, el gobierno contrató por $300 millones a Whitefish, una oscura empresa de Montana, sin experiencia en desastres como el ocurrido el 20 de septiembre pasado en Puerto Rico.

Sobre la reacción tardía de Puerto Rico,hay que destacar la actitud diligente del gobierno de las Islas Vírgenes, que tomó medidas antes del huracán , lo que facilitó que el  apoyo arribara al día siguiente del ciclón.

El 18 de este mes, el Cuerpo de Ingenieros terminará su misión en Puerto Rico relacionada con María sin que el 100% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica haya recuperado el servicio de electricidad, lo que plantea un panorama incierto.

Ante este cuadro que refleja la oscuridad que aún persiste en miles de hogares puertorriqueños, choca que los principales dirigentes electos de Puerto Rico estén gastando sus energías en el Congreso federal gestionando legislación sobre estadidad para la isla.

¿Acaso piensan que los congresistas y senadores federales podrán inclinarse hacia la estadidad con un país en crisis como Puerto Rico?

La respuesta inmediata la dio la semana pasada el congresista Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, durante una visita a Puerto Rico, al afirmar que se requería “una economía vibrante” previo a obtener la estadidad. Bishop luego retiró su comentario, pero casi enseguida, su homóloga en el Senado, Lisa Murkowski, apagó las renovadas esperanzas de los estadistas al decir que en la Cámara Alta no habría espacio para atender un proyecto de estadidad.

En resumen, el quebrado gobierno de Puerto Rico, enfrentado como está a la Junta de Supervisión Fiscal, no debe estar gastando sus esfuerzos y el poco dinero de las arcas públicas en promover la estadidad en la esfera federal.

Su agenda prioritaria tiene que ser poner a Puerto Rico de pié y tomar las medidas urgentes que se necesitan para hacer frente a la nueva temporada de huracanes, que se inicia el 1 de junio.

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