Manuel Natal Albelo

Tribuna Invitada

Por Manuel Natal Albelo
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La ética de "Follow the Money"

Escogemos personas para que nos representen en el gobierno, quienes, a su vez, escogen personas que les asisten en ese proceso. Tantos unos y como otros toman decisiones que nos afectan a todos. Al delegarles el privilegio de gobernarnos, también les imponemos la responsabilidad de rendirnos cuentas. Después de todo, como ciudadanos de este bendito país tenemos el derecho a saber a qué y a quién se debe cada decisión que toma aquel que nos gobierna.

En ocasiones, estas decisiones se encuentran motivadas por una especie de compás interior que asiste al funcionario a distinguir entre lo bueno y lo malo. Para nuestra desgracia, en demasiadas ocasiones estas decisiones están guiadas por consideraciones ajenas a los mejores intereses de nuestro pueblo. La disciplina de partido, el familiar que se beneficia, el cabildero que le convence, el dinero que llega a su comité de campaña, el contrato para la pareja, entre otros.

Es en este contexto que se hace necesario implantar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En nuestro caso, la Ley de Ética Gubernamental y las obligaciones que le impone a todo funcionario público, incluyendo el deber de rendir informes financieros. Aunque insuficientes, estos mecanismos nos ayudan a contestar parcialmente las preguntas fundamentales: ¿A qué se debe la decisión de quien nos gobierna? ¿A quién se debe aquel que nos gobierna?

En el Puerto Rico de 2017; donde se ha profundizado la pobreza y la desigualdad, lo que incide sobre la democracia; donde se fomenta el inversionismo político, lo que incide sobre el proceso de toma de decisiones; donde “manda” una Junta de Control Fiscal de siete personas, lo que incide sobre las prioridades de este gobierno, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se convierten en la única esperanza de un pueblo que ha perdido la confianza en sus gobernantes.

Y es precisamente haciendo valer el derecho de nuestro pueblo a saber, que me he dado la tarea junto a Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres Cruz de presentar legislación para asegurarnos de que los miembros de la Junta de Control Fiscal cumplan con los estándares éticos con los cuales cumplimos los funcionarios públicos en Puerto Rico.

Si su presupuesto de $60 millones para el año en curso proviene de las arcas del Gobierno de Puerto Rico y sus determinaciones van por encima de los propios funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico, tenemos derecho a saber a qué y a quién se deben. En el caso del representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal es aún más obvio. La persona a quien representa en ese espacio, es decir, el gobernador, le aplica la Ley de Ética y tiene que rendir informes financieros. ¿Cómo la persona que le sustituye en ese espacio, es decir, el representante del gobernador ante la Junta, va a estar exento de tal requisito? ¿Por qué la oposición? La respuesta el pueblo la conoce hasta en “el difícil”… Follow the money. 

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