Carl Soderberg

Punto de vista

Por Carl Soderberg
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La explosión de Capeco

El 23 de octubre de 2009, a las 12:23 de la madrugada, ocurrió una explosión de grandes proporciones en las instalaciones de la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), en Guaynabo. El impacto de la explosión fue equivalente a un temblor de 2.9 en la escala Richter. El estallido se oyó en lugares tan lejanos como Carolina y Trujillo Alto.

Inicialmente, por estaciones de radio y hasta por una cadena de la televisión de Estados Unidos se llegó a reportar que un avión se había estrellado en CAPECO. Afortunadamente el rumor fue desmentido rápidamente. Luego se especuló que la explosión pudo ser un acto de terrorismo. Sin embargo, el ángulo fue descartado, de acuerdo a un informe sobre el suceso, basado en una pesquisa preliminar en la que participaron siete agentes del FBI.

Eventualmente se asumió que hubo mano criminal y se restringió acceso a las instalaciones de la empresa. Me consta que personal del Departamento de Justicia Federal se movilizó al área. Como pasa cuando se reporta un crimen, es necesario proteger la escena para no dañar posible evidencia. La regulación de acceso, sin embargo, no impidió que los bomberos respondieran para sofocar el fuego y rociaran con agua los tanques de almacenamiento de combustible que no estaban en llamas, para bajar la temperatura y evitar más explosiones.

Milagrosamente, nadie murió a consecuencia de este incidente. Hubo tres heridos y daños a 300 estructuras, incluyendo casas y negocios e instalaciones del cercano Fuerte Buchanan. Debido a la posibilidad de más explosiones y al humo tóxico generado, se evacuaron unas 1,000 personas, incluyendo personal del Fuerte Buchanan e inquilinos de la cárcel federal.

Las autoridades cerraron la carretera PR-28 y el Expreso De Diego. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) alteró la ruta de aterrizaje y despegue del aeropuerto Luis Muñoz Marín, e imagino que hicieron lo mismo con los vuelos hacia el aeropuerto de Isla Grande. Además, el presidente Barack Obama emitió un mensaje para declarar formalmente una emergencia en Puerto Rico.

El fuego generó llamas de hasta 40 pies de altura que se podían ver a ocho millas a la redonda. Además, el incendio creó gigantescas columnas de humo negro que afortunadamente ascendieron y pasaron muy alto sobre casas cercanas y se movieron hacia el mar, donde se dispersaron.

Dos días y medio después de la explosión el fuego pudo ser extinguido.

El impacto sobre la vida y salud humana hubiese sido otro, si las condiciones meteorológicas hubiesen desplazado el humo tierra adentro.

Según la Junta Federal de Seguridad sobre Sustancias Químicas (CSB, por sus siglas en inglés), la causa de la explosión fue el sobrellenado del tanque de almacenamiento 409 durante una operación de descarga de gasolina de la barcaza Cape Bruny. La CSB estimó que se derramaron 200,000 galones de gasolina, el equivalente a 20 tanques grandes que llevan los remolques a las gasolineras. El derrame generó una nube de vapor de gasolina que se extendió por más de 107 cuerdas de las instalaciones de CAPECO. En el área donde estaba la planta de tratamiento de efluentes industriales ocurrió una chispa, cuyo origen no se pudo determinar, y se produjo la explosión.

En ese momento CAPECO estaba almacenando 60 millones de distintos tipos de combustible en sus instalaciones. Inicialmente explotaron dos tanques de almacenamiento. Luego durante esa madrugada explotaron 11 tanques adicionales. Eventualmente estallaron 21 de 40 tanques en las instalaciones.

De acuerdo a la CSB, el sobrellenado ocurrió porque el sistema de medición del tanque no estaba operando y la operación de la descarga de la barcaza se realizaba “a ojo” por dos empleados. Además, el tanque estaba desprovisto de una alarma que alertara cuando faltaba una cantidad prudente para llenar totalmente el tanque y así evitar desbordes.

El costo de la intervención de las agencias locales y federales en el primer día del fuego ascendió a $6.4 millones. El costo total para la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) fue de $13 millones. Esto no incluye lo que gastó CAPECO en los primeros meses después de incidente.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) removió 18,000 toneladas de tierra contaminada, proveyó tratamiento a 23 millones de galones de agua contaminada dentro de las instalaciones de CAPECO, y removió un millón de galones de agua contaminada que se trataron fuera de las instalaciones.

Aproximadamente un año después de la explosión, CAPECO informó que no tenía los recursos para pagar por la limpieza requerida por EPA y se declaró en bancarrota. La EPA y el Departamento de Justicia federal acudieron a la corte de quiebra y lograron que el tribunal diera prioridad al reembolso de los costos en que incurrieran las agencias locales y federales con la limpieza. Cuando la empresa Puma compró las instalaciones de CAPECO, en mayo de 2011, parte del producto de la venta se utilizó para ese reembolso.

Este incidente pudo haberse convertido en la mayor hecatombe ambiental de Puerto Rico. Afortunadamente, nadie murió a causa de la explosión y el viento sopló por dos días y medio en la dirección correcta, llevándose las inmensas columnas de humo tóxico hacia el mar. El suceso demuestra la necesidad imperiosa de incluir en los planes de emergencia de Puerto Rico no solo las medidas para responder a fenómenos naturales como huracanes, terremotos o tsunamis, sino también cómo atender emergencias ambientales.

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