Julio Fontanet

Punto de vista

Por Julio Fontanet
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La fianza como castigo y el asesinato de Arellys Mercado

Fuimos muchas las personas que nos consternamos cuando nos enteramos de que un hombre había matado a una mujer “por un altercado por un celular”. Fuimos muchos también los que nos molestamos por el hecho de que el hombre había abandonado la escena y, según surge de los medios de comunicación, estuvo evadiendo dar cara a las autoridades, ya fuera para entregarse o para justificar su conducta. Una vez más, nos pareció inapropiada la vestimenta que lucía este hombre el día que fue arrestado, particularmente las gafas, pues daba la impresión de que trataba de proyectar que era algún tipo de artista cuando el sentido común nos dice que una persona que estaba viviendo sus circunstancias debía proyectarse con mayor humildad, sencillez y contrición.

No obstante, fuimos muy pocos los que no reaccionamos negativamente ante la primera fianza impuesta y no vilipendiamos a la jueza que la impuso. El malestar que nos ha provocado a todos este caso no puede nublar nuestro entendimiento y pretender con ello la eliminación del derecho a fianza. Es imperativo recordar que ese derecho no puede ser un castigo; es solo una garantía de comparecencia.

Lo contrario sería imponer la sentencia sin haberse dado el juicio, ello en violación de la presunción de inocencia.

Tengamos presente que la criminología moderna ha establecido reiteradamente que no existe relación alguna entre la elevada tasa de crimen y la existencia de altas penas o la limitación de derechos constitucionales, particularmente del derecho a fianza. El mejor ejemplo es los estados de Estados Unidos que mantienen la pena de muerte y grandes limitaciones a la fianza (Texas, Pennsylvania, Florida), pero tienen altas tasas de criminalidad. Un verdadero disuasivo es un plan anticrimen que atienda las causas de la criminalidad y que provea a la Policía las herramientas necesarias para esclarecer la comisión de delitos.

Por otro lado, la fianza ha demostrado ser eficiente para cumplir con su finalidad: lograr la comparecencia de las personas que la prestan. Las propias estadísticas de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio establecen repetidamente que tan solo cerca de un 2% de las personas que están bajo fianza no comparece a las vistas o comenten delitos. Cabe destacar que, según estudios realizados por la Sociedad para la Asistencia Legal –entidad que representa la mayoría de las personas acusadas de asesinato–, aquellas que pudieron prestar su fianza (entre 2011 y 2012) no cometieron delito alguno mientras estaban bajo esta.

Debe tenerse presente además que los jueces están obligados a imponer la utilización de supervisión electrónica en estos casos. Además, pueden imponer otras limitaciones, tales como la restricción domiciliaria, el no acercarse a los testigos o someterse a la prueba de dopaje, entre muchas otras, como se hizo, precisamente, en este caso.

La jueza aplicó el estado de derecho correspondiente e impuso la fianza que entendió adecuada. Ninguna de las personas que ha criticado la fianza impuesta conoce el tipo de prueba que la jueza tuvo ante su consideración y que la llevó a establecer el monto. Resulta preocupante que se critique a la jueza por cumplir con su deber ya que estaríamos, entonces, llevando un mensaje equivocado: que los jueces y juezas “buenos y competentes” son aquellos que imponen fianzas excesivas o encuentran a todo el mundo culpable.

Compete a los fiscales argumentar la fianza que ellos estimen conveniente, pero corresponde estrictamente a los jueces imponer la que entiendan correcta en derecho. Es una pena que una profesional del Derecho sea criticada mediáticamente por cumplir a cabalidad con su deber.

El autor es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y fue presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

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