Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La ficha del tranque

Mucho se ha discutido, tanto aquí como en Estados Unidos, la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal para imponer medidas fiscales, económicas y sociales a los puertorriqueños como mecanismos para salir de la crisis.

Pero nos hemos concentrado en atribuirle la razón a uno de dos bandos: la Junta por un lado y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares por el otro. Y así no vamos a llegar al fondo ni mucho menos a deshacer el entuerto.

Existe un tercer bando que, a la hora de la verdad, tiene la ficha del tranque y es la Legislatura.

Son los legisladores los que tienen la potestad de aprobar las leyes que pasan luego a la firma del gobernador. El gobernante propone, pero la Legislatura dispone en la gran mayoría de los casos, y solo cuando al final las partes no están de acuerdo, existe el poder de veto que la Constitución le otorga al inquilino de La Fortaleza.

Con la aprobación congresional de la ley Promesa, que creó la Junta Fiscal, esa disposición de funciones y poderes se ha alterado a tal punto que es este organismo federal el que pretende asumir la autoridad decisional.

La discusión en días recientes se ha centrado en quién tiene en sus manos establecer y poner en funcionamiento la política pública. El gobernador Rosselló Nevares afirma que esa autoridad es del gobierno, mientras que la certificación de varios planes fiscales en días recientes se traduce en la apropiación de esa facultad por parte de la Junta.

Pocos dudan que serán los tribunales federales, en primera instancia la jueza federal Laura Taylor Swain, los que tendrán la última palabra, pues todo está vinculado de una u otra manera al pleito de Título III en torno a la restructuración de la deuda puertorriqueña.

Pero, en lo que el hacha va y viene, deberíamos prestarle más atención a lo que hace, y lo que no hace, la Legislatura, que ya ha reiterado su molestia con la Junta y su negativa a aprobar nuevas medidas que tendrían el efecto de estrangular al agobiado ciudadano de a pié.

El balón de prueba ya fue lanzado al aire esta semana por la Junta, que presentó un anteproyecto de ley dirigido a implantar una reforma laboral que ya el gobernador y la Asamblea Legislativa han reafirmado que no aprobarán.

La reforma que favorece la Junta Fiscal deroga el bono de Navidad que reciben tanto los empleados públicos como los del sector privado, elimina las licencias acumuladas y las limita a siete días de vacaciones y siete de enfermedad, y asimismo elimina la Ley de Despido Injustificado. Si se adoptan estas medidas, y si la fuerza laboral sobrepasa el 55%, los trabajadores recibirían un aumento de 25 centavos por hora en el salario mínimo. La tasa de participación, que nunca ha llegado al 50%, ahora mismo apenas alcanza el 40 por ciento.

Una reforma laboral parecida había sido enviada a la Legislatura este año por Rosselló Nevares, pero se retiró cediendo al clamor general y a la negativa abierta de los propios legisladores de mayoría a considerarla.

Si la Legislatura se niega a considerar las medidas que proponga la Junta Fiscal, ¿cómo podrá el organismo federal implantar sus estrategias?

La única vía posible es el diálogo y ahora mismo ninguna de las partes parece dispuesto, no ya a ceder, sino siquiera a conversar más allá de los puntos en los que habían estado de acuerdo previamente.

Todas las miradas están puestas sobre la Junta y el gobernador, pero hay que tomar en cuenta también a una Asamblea Legislativa que este cuatrienio ha dado muy contadas muestras de sintonía con la Fortaleza.

Los legisladores tienen la ficha del tranque… y lo saben.

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