Juan Zaragoza

Tribuna Invitada

Por Juan Zaragoza
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La fusión de OGP y Hacienda

Entre las propuestas de la Junta de Control Fiscal, para las cuales no hay evidencia ni prueba clara de sus beneficios, está la consolidación de las funciones del Secretario de Hacienda y la del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Como por arte de magia, se espera que esta consolidación traiga luz a las tinieblas financieras que nos arropan, y un grado mayor (que no es equivalente a mucho) de confianza al pueblo y a los organismos federales.

Entre otras cosas, en manos de esas dos agencias es que históricamente ha estado la responsabilidad de la preparación del presupuesto que es presentado a la legislatura para su aprobación. Por un lado, Hacienda provee el estimado de ingresos, y por otro, OGP reparte y monitorea los fondos siguiendo la política pública del gobernador.

Para poder evaluar mejor la recomendación es necesario un poco de contexto histórico y sazonarlo a la vez con la malicia del que ha pasado por ahí.

Tanto el Departamento de Hacienda como OGP, tienen sus orígenes en la Ley Foraker del año 1900, con funcionarios que, en ambos casos, eran nombrados por el Presidente de los Estados Unidos. El jefe de Hacienda se llamaba originalmente Tesorero de Puerto Rico, y las funciones del director de OGP estaban a cargo de la figura del Contador.

Este último tenía la responsabilidad de llevar las cuentas generales de todas las ramas del gobierno, además de presentar al gobernador un informe anual sobre el presupuesto. A pesar de que la oficina del Contador estaba bajo la inspección general del Primer Ejecutivo, fueron frecuentes las fricciones entre ambas partes.

A mediados de la década del 40, bajo la gobernación de Rexford Tugwell, como resultado de la renuencia del Contador de seguir la política pública establecida por este, se rescata esa función y se crea la posición de Director del Negociado de Presupuesto. Este funcionario sería nombrado por el gobernador de turno y respondería directamente a él, no al presidente o al tesorero local.

De esta forma se alineó la confección del presupuesto, con la política pública de turno, establecida por el gobernador. Claro está, aun bajo esta nueva estructura la responsabilidad de los recaudos y del estimado de ingresos continuaba recayendo en el Secretario de Hacienda.

Desde sus orígenes y hasta los recientes cambios, la estructura diseñada proveía una separación entre el funcionario encargado de la caja, y el encargado de velar cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero. La separación es clave, no tan solo al diseñar el presupuesto, sino una vez entra el año fiscal, periodo en el cual los ajustes y reasignaciones son habituales.

Es cierto que históricamente los presupuestos aprobados y la operación diaria de nuestro gobierno han estado lejos de ser dechados de rigor, que destellan disciplina fiscal. Ahora bien, pudo haber sido peor en ausencia de la saludable fricción que siempre existió entre Hacienda y OGP.

Más allá de lo que se ve a simple vista, históricamente se han librado extensas negociaciones entre estos dos funcionarios, en el proceso de determinar el “largo de la sabana”, es decir, los recaudos disponibles y el nivel del gasto público. A pesar de que las dos partes son miembros del ejecutivo, eso no ha sido excusa para que cada cual haga su trabajo como debe ser.

Reconozco que fuera de los Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica y Europa, ambas funciones recaen bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda o el Tesoro. Pero cambiar por cambiar, o por la manía de consolidar funciones en súper funcionarios, no me parece recomendable en medio de la tormenta financiera y fiscal que azota al país.

Considerando nuestro cuestionable historial, quitarle capas de fricción y revisión al proceso presupuestario, más que resolver el problema, lo agravaría. Debemos enfocarnos en cambios con sustancia, que vayan a la raíz del problema. Que yo sepa, nadie ha achacado, ni puede achacar la crisis actual a que las dos funciones estuvieran separadas.

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