Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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La futurología del Plan Fiscal

“En ambientes de incertidumbre yvolatilidad extremas, los economistas futurólogos conducen, hay que reconocerlo, en una espesa niebla”

Roberto Velasco, Catedrático de Economía

Puerto Rico está sumido en una crisis económica cuyo desenlace depende de decisiones políticas con ambiente de gran incertidumbre y según Velasco, “los economistas futurólogos que nos guían, conducen en una espesa niebla”.

El Plan Fiscal del gobierno central (el “Plan”) que certificó la Junta de Supervisión de Puerto Rico bajo Promesa (la “Junta”) en 19 de abril del presente, ha causado un choque entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta y también hondas diferencias de opinión entre los expertos sobre las premisas y proyecciones del mismo.

El Plan se basa en estimados de crecimiento que fluctúan entre -13.2% y 5.9% en los primeros dos años, luego reducido de 1.4% hasta 2.2% en años restantes. También los recortes reflejan un sobrante en seis años de $6,600 millones y cambios “estructurales”, incluso reducción de agencias del gobierno de 114 a 22.

Sobre el cómputo del sobrante acumulado, el Dr. Gregory Makoff del Centre for International Governance (Canadá) anunció unos días atrás una fórmula original para definir el recorte apropiado a los bonistas.

Makoff septara la deuda del gobierno central de $45,000 millones, de las deudas de otras agencias. A la vez, rechaza los métodos tradicionales para estimar el “haircut” te la deuda a base del sobrante futuro, debido a la inseguridad de los fondos federales y el impacto de las reformas contributivas del Congreso.

Además, según el Plan certificado, los sistemas de pensiones del gobierno requieren una erogación insostenible del fondo general de alrededor de 25% de los ingresos anuales contributivos ($2,528 millones) y una deuda actuarial imposible de capitalizar de otros $56,000 millones.

Ante estas dificultades, Makoff recomienda reducir la deuda de Puerto Rico a las comparables estatales, utilizando la fórmula de amortización de deuda territorial sobre ingreso del territorio (debt service to revenue ratio).

Esto reduciría el repago de la deuda de un 28% del ingreso interno a 4.4% ($350 millones anual - $6,100 millones en treinta años) equivalente a un repago de 13.6 por dólar.

A la vez, Makoff rechaza una condonación total de la deuda ya que bajo la sección 314 de Promesa el tribunal no puede ignorar el voto de los acreedores al aprobar un Plan de Ajuste.

La solución de Makoff es atractiva, porque no requiere los pronósticos de crecimiento que resultan tan efímeros, pero no parece tener oportunidad alguna ante la oposición de los bonistas, los sobrantes acumulados que aparecen en los planes fiscales y el cuadro de liquidez que sigue exhibiendo el gobierno.

Los políticos locales y la Junta pueden estar equivocados al decir que sus conflictos en cuanto a la implantación del Plan Fiscal deben ser resueltos por la jueza Laura Taylor Swain.

La aplicación de medidas legislativas y órdenes ejecutivas para implantar un Plan Fiscal no es una labor delegada por el Congreso al Tribunal, quien interviene en la aprobación del Plan de Ajuste bajo la sección 314 de Promesa para determinar la viabilidad del plan, si cumple con todas las secciones de Promesa y si la aprobación resulta en el “mejor interés de los acreedores”.

Promesa exige que el gobierno y la Junta trabajen de buena fe en conjunto para implantar los cambios necesarios, y el Tribunal podría ordenar a las dos partes a cumplir con este mandato fundamental, sujeto a la imposición de sanciones.

Las partes no deben olvidar que dicho tribunal ha tomado decisiones verticales contra el gobierno al denegar un préstamo de emergencia a Prepa, igual que contra la Junta, cuando desautorizó el nombramiento de un administrador para la misma agencia.

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