Nilsa Pietri Castellón

Punto de vista

Por Nilsa Pietri Castellón
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La historia se repite

Es un ‘dejà vu’. El país lo vivió en el 2002 y lo está reviviendo en estos precisos instantes.

Que se acuse a un exsecretario de Educación de cometer fraude con fondos públicos que le han sido confiados es una tragedia. Pasó en 2002 con el exsecretario de Educación de Pedro Rosselló, Víctor Fajardo, y fue un episodio vergonzoso que jamás debió repetirse.

Hoy, sin embargo, nos encontramos con el caso de Julia Keleher, otra extitular de Educación que acaba de ser acusada también de fraude con fondos públicos.

En el caso de Fajardo, la administración de Rosselló, el padre del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, había concluido dos años antes. En el de Keleher, los cargos surgen apenas tres meses después de su renuncia el 1 de abril, a mitad de cuatrienio.

Diecisiete años después, estamos en el mismo triste lugar de entonces, con funcionarios de dos gobernadores de apellido Rosselló, para más señas padre e hijo, que son acusados de corrupción.

La corrupción, dijo en aquellos tiempos el entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonar, se llamaba Partido Nuevo Progresista.

Pero no es cierto. La corrupción no tiene nombre ni apellido. Lo que tiene es una crianza basada en la tolerancia de los gobernantes y en la ambición política y personal de quienes cometen delitos de corrupción.

Aquel primer Rosselló, al que muchos de los jóvenes adultos de hoy recordarán solo como el papá de Ricky, nunca vio nada. Lo decía cada vez que se le preguntaba sobre funcionarios de su administración imputados o sospechosos de actos corruptos.

El Rosselló de hoy no lo dice, pero tampoco ha visto nada. Cuando Keleher renunció intempestivamente, la defendió y negó cualquier sospecha de actividades ilegales o siquiera negligentes.

Contrariamente, a su exfuncionario financiero de confianza, Raúl Maldonado, lo despidió fulminantemente el mes pasado, en una acción cuyas consecuencias estamos empezando a entender. Maldonado ha estado proporcionando información a las autoridades federales sobre una supuesta “mafia institucional” en el Departamento de Hacienda y, seguramente, sobre muchos otros asuntos.

Hoy, los federales arrestaron a Keleher, a la exadministradora de Seguros de Salud, Ángela Ávila, al ejecutivo de la empresa de contabilidad BDO Fernando Scherrer y al subcontratista de BDO Alberto Velázquez Piñol, así como a dos subcontratistas.

El gobernador Rosselló Nevares no puede desentenderse de estos arrestos ni de los cargos criminales que se están presentando contra estas personas.

Tiene que darle explicaciones al país porque la responsabilidad vicaria sobre las actuaciones de funcionarios y asesores de su confianza es suya. ¿O los nombró y/o los contrató sin conocerlos?

Dice el refrán que el ser humano es el único animal que repite sus errores. También es el único que está obligado a someterse al juicio de la historia.

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