José Aponte Hernández

Punto de vista

Por José Aponte Hernández
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La importancia de la libertad de asociación

Desde hace décadas en Puerto Rico se ha discutido el concepto de libertad de asociación, un derecho constitucional que tiene todo ciudadano de pertenecer o no a una agrupación particular como una organización, colegio o asociación, entre otros. 

He abogado por este derecho, el cual es parte esencial de una gobernanza verdaderamente democrática. Como parte de esa defensa, en septiembre pasado radiqué un grupo de medidas dirigidas a enfatizar ese derecho y hacer voluntarias las afiliaciones a los colegios que actualmente agrupan a alrededor de 30 profesiones en la isla, desde la barbería, artistas, productores y médicos, entre muchos otros. 

Cuando sometí las medidas, lo hice bajo el amparo de jurisprudencia establecida, tanto a nivel estatal como federal. En el caso San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que: “en el ejercicio de su poder regulador, el Estado tiene facultad para regular y controlar la práctica de las profesiones a fin de proteger la salud y el bienestar público, a la vez que evita el fraude y la incompetencia. También puede prohibir la práctica de una profesión, a menos que primero se obtenga una licencia, permiso o certificado de alguna entidad u oficial examinador”.

Ahora se une la más reciente decisión del Tribunal Supremo local, la cual deja nuevamente claro y sin espacio para interpretaciones, el hecho de que la colegiación compulsoria es inconstitucional y que ese derecho, la libre asociación, tiene que regir en toda sociedad democrática como la nuestra. 

Recuerdo cuando en 2011, cientos de técnicos y mecánicos automotrices marcharon al Capitolio para exigir la eliminación de la colegiación mandataria de esta profesión. Hoy, ocho años más tarde, ese pedido fue contestado. 

En marzo de ese año (2011), el Tribunal Supremo resolvió en un caso relacionado que “la colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados”.

Tenemos la obligación de impulsar la libertad de asociación, eliminando el requisito antidemocrático e inconstitucional de una colegiación compulsoria para ejercer una profesión que el Estado ya regula. No existe razón alguna para continuar manteniendo un sistema que priva de la libertad a sus ciudadanos.

El gobernador Ricardo Rosselló recientemente se expresó sobre la decisión del Supremo en el caso del Colegio de Mecánicos y Técnicos Automotrices diciendo que “somos una sociedad de ley y orden” y las decisiones del Supremo se tienen que implementar.  

Nosotros no descansaremos hasta que todo profesional en Puerto Rico pueda ejercer libremente aquello para lo cual estudió y se licenció. Ese es nuestro norte y hacia ahí nos dirigimos.

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