Marcia Rivera

Tribuna Invitada

Por Marcia Rivera
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La imposición de reformas

Creo que la enorme mayoría de la población considera que es imprescindible poner en marcha cambios fundamentales para lograr una transformación real de nuestra sociedad. No quedan dudas de que el llamado “modelo de Puerto Rico” se agotó política, económica y socialmente. Pero, no sabemos cómo enterrar el cadáver del modelo agotado y pasar a diseñar, sin ataduras tribales, un nuevo futuro. En la coyuntura tan crítica que vivimos no es fácil asumir este desafío, pero debemos tener claro cómo no debe hacerse.

Lo primero que no debe hacerse es imponer cambios, máxime cuando no se goza de un contundente apoyo electoral, como es el caso del gobernador. Persiste una desconfianza inmensa en la capacidad de la clase política de comprender y asumir como propias las necesidades reales de la población. El manejo de la catástrofe tras el paso del huracán María afirmó la desconfianza al comprobarse la incapacidad gubernamental para trazar una ruta efectiva de recuperación de servicios básicos. Se reiteró también al verificarse numerosos actos de corrupción en el manejo de recursos y al constatar prioridades alejadas de las urgencias de la población más afectada.

Las propuestas gubernamentales en asuntos tan complejos como el ámbito laboral y la fusión de agencias se aprobaron atropelladamente, como se intenta hacer también con la reforma educativa. Si se busca que los cambios puedan expandir horizontes individuales y colectivos, logren prosperidad económica, así como mayor equidad social, el atropello y la imposición no pueden ser los instrumentos a utilizar. Cualquier cambio significativo debe manejarse como un proceso, involucrando a actores de distinta procedencia, que necesitarán dialogar, proponer y diferir hasta lograr acuerdos básicos que permitan la convivencia y la efectiva puesta en marcha de cada iniciativa. No basta con hacer planes estratégicos desde la gerencia, dominar tableros de mando, o utilizar el último software tecnocrático, como si todo ello conformara una varita mágica que asegura el cambio. Se trata de que, a través del análisis en equipos plurales, de evaluaciones de lo hecho y lo fracasado, de estudiar otras experiencias, y de organizar diálogos ciudadanos, la gente pueda asumir el cambio como su propio desafío. Nada de eso se ha hecho con las propuestas a las que me he referido.

La imposición es instrumento de gobiernos dictatoriales y suele venir acompañada de la prisa, que siempre afecta la calidad y pertinencia de los procesos. En los pasados meses se han contratado “expertos” estadounidenses que hacen informes rápidos, pero de poca profundidad y utilidad, porque desconocen la realidad puertorriqueña. Se han aprobado medidas legislativas álgidas por descargue, o pasada la medianoche, para que ni la prensa se entere. Y se han copiado, a la carrera, programas instrumentados en Estados Unidos sin calibrar las diferencias en contextos y recursos.

No podemos caer en la falsa dicotomía de pensar que es mejor que se haga algo, a que no se haga nada. Hay que hacer, pero hay que hacerlo bien. El país no tiene tiempo, ni recursos, para volver a hacerlo mal; ha desperdiciado décadas por la devoradora corrupción que ha empañado la gestión de gobernar y por no tener una visión clara y concertada de hacia dónde queremos ir como sociedad.

Frente al último atropello de querer aprobar una reforma educativa contraria a las expectativas y derechos de la población puertorriqueña, no podemos seguir pasivos. El avasallamiento gubernamental ha incluido la forzada renuncia de uno de los mejores recursos que tenemos en educación, el Dr. Roamé Torres, Decano de la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedras, quien perfectamente podría liderar una genuina y conciliadora reforma educativa.

Julia Keleher no se ha ganado nuestra confianza; ni por sus propuestas, ni por su capacidad de relacionarse con alumnos, padres, docentes y organizaciones socio-educativas. No ha mostrado empatía con las familias de sectores pobres cuando ha ordenado el cierre de centros en esas áreas. Ha mostrado displicencia, arrogancia y desprecio hacia los profesionales locales y hacia las experiencias innovadoras que se han generado en el sistema educativo. Ha ofendido a toda la población y a la prensa. Pero, sobre todo, preocupa su negligencia administrativa en la aprobación de contratos y la tolerancia hacia posibles formas de corrupción. No podemos poner algo tan serio como el futuro de la educación puertorriqueña en su cuestionada capacidad. Keleher debe renunciar o ser removida de su cargo.

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