Benjamín Morales

El Catalejo

Por Benjamín Morales
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La impunidad

No quiero hablar de cifras. Todos sabemos que fueron muchos, no unas cuantas decenas, como alega el gobierno. Los puertorriqueños murieron por miles, por causa de los efectos del huracán María, sobre todo, aquellos que tuvieron la mala fortuna de enfermarse, lesionarse o estar en una instalación médica durante la emergencia y las semanas que la siguieron.

A nueve meses de la desgracia, todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas personas murieron por el colapso en la infraestructura que causó el paso del poderoso huracán en septiembre pasado. En lo personal, sólo por referencias directas de amigos, familiares o testimonios de personas cercanas en sus perfiles sociales, la cifra de fatalidades supera el centenar. Y ése es sólo mi caso.

Pasó de todo. Personas que sufrieron condiciones severas, como infartos o derrames cerebrales, que no pudieron salir de sus casas porque las inundaciones o los cortes de carreteras se lo impedían.

Gente encamada que no pudo recibir servicios rutinarios, como oxígeno o respiradores artificiales, que pasaron a convertirse en casos de emergencia porque sus cuidadores o suplidores de servicios nunca llegaron a las casas, porque tampoco tenían forma de comunicarse ni siquiera por teléfono o les faltó electricidad.

Seres humanos con condiciones críticas que no pudieron recibir sus medicamentos de sostenimiento porque las farmacias estaban cerradas y pacientes que se murieron en hospitales porque no había combustible para sostener las operaciones a niveles óptimos.

La gente durante María se murió por miles y nuestro gobierno, el llamado a cuidar por sus ciudadanos, no ha tenido si quiera la sensibilidad de decir con transparencia cuántos son, para poder llorarlos, para poder entregarnos a un sentido de luto colectivo que está latente, que clama por salir, pero que no podemos expresar porque podríamos dejar alguno fuera.

Merecemos conocer la lista, el detalle, quién murió, cómo, cuándo, dónde y por qué, durante esos meses de desastre que trajo este maldito huracán. Y también los responsables deben pagar. Aquí, por ineficiencia o por pura conveniencia, fue mucha la gente que no hizo lo que le correspondía. Y, hay un escándalo de grandes proporciones detrás de todo esto y todo indica a que quieren proteger a los responsables mediante el uso de la forma más desagradable: la impunidad.

Se hace lógico que hay que procesar a cada uno de los personajes que se prestó para dejar desatendidos a los más vulnerables, ni uno debe quedar impune, pero la apuesta va en otra ruta.

En Puerto Rico se entregó el sistema de salud casi en un 100 por ciento a manos privadas. Eso incluye ambulancias, servicios al hogar, paramédicos, hospitales, etc. La mayoría de ellos decidió cerrar operaciones durante el huracán y no volver a darlos hasta tener certezas de que alguien les pagaría al volver a dar los servicios, la cual fueuna de las razones fundamentales para el colapso.

Otra fue que esas mismas personas temieron exponerse a acciones legales por negligencia u optaron por esperar por las casas aseguradoras y sus tasaciones de daños antes de volver a servir a la gente.

En cualquier liga esa es una irresponsabilidad mayúscula y ha quedado claro que el Estado no puede desligarse por completo de un servicio primario a la población como es la salud, más que nada, porque es la única ruta de poder responder a la población con algunos niveles de efectividad en momentos extremos.

Y debe darles vergüenza, mucha, a todos, a los privados y a los públicos, porque su combinación es la principal responsable de que miles de boricuas hayan perdido la vida durante María.

Es hora de que el gobierno deje de escudarse en subterfugios políticos y hable con claridad, que diga lo que pasó, que admita su culpa. El propio gobernador Rosselló debería dar el ejemplo.

Le toca encaminar una investigación seria, que fije responsabilidades y le toca, como mínimo, pedir excusas y visitar la casa de cada persona que murió a raíz de María, fuera por negligencia o por indolencia, y pedir perdón, a nombre de todos, porque para algo se supone que es el gobernador de todos los puertorriqueños y su deber es evitar que triunfe la impunidad.

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