Jesús M. Rivera Delgado

Punto de vista

Por Jesús M. Rivera Delgado
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La inconstitucionalidad del veredicto por mayoría

En Puerto Rico, uno de los derechos garantizados por la Constitución es el derecho a juicio por jurado. Este derecho es exclusivo en casos criminales de naturaleza grave. El artículo II, sección 11, en lo pertinente, dispone lo siguiente: “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.

La función del jurado es determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, lo que se conoce como el veredicto, producto de una votación que hacen los miembros del jurado. A tenor con la Constitución, para que haya un veredicto válido, tiene que haber una mayoría mínima de 9 a 3. Puede ser unánime, 11 a 1 o 10 a 2, pero nunca menos de 9 a 3. Si no llegara a veredicto, se tendría que disolver el jurado y celebrar nuevo juicio ante otro jurado. De repetirse la situación, el acusado es absuelto. 

El 20 de abril de 2020 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Ramos v. Louisiana, expresando que los veredictos por mayoría son inconstitucionales por estar en violación a la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Sexta Enmienda enumera derechos del acusado y establece el requisito de unanimidad en los veredictos en los casos criminales. En el caso al cual hacemos referencia, Evangelisto Ramos fue convicto en el Estado de Louisiana y se le impuso cadena perpetua luego que un jurado lo condenara mediante un veredicto en votación 10 a 2. Su defensa argumentó que un veredicto no unánime constituye una violación al derecho a juicio por jurado garantizado por la Sexta Enmienda, planteamiento que acogió al Tribunal Supremo, procediendo a revocar la convicción.  Se deja sin efecto el caso de 1972, Apodaca v. Oregón, que permitía veredictos por mayoría en los estados. El caso indica que solo dos estados, Louisiana y Oregón, incumplen con el requisito de unanimidad. Señala  que el estado de Lousiana tendrá que atender las peticiones de nuevos juicios en los casos de las personas halladas  culpables por jurado que están pendientes de apelación. 

Aunque la Constitución y los casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico permiten los veredictos por mayoría, esta decisión tendrá un impacto en los casos de personas convictas por jurado en Puerto Rico, pues nuestra situación con los veredictos por mayoría es similar a la de Louisiana. Además, este tipo de planteamiento se ha realizado en Puerto Rico en casos que están pendientes de apelación. Recordemos que, en el caso de Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la autoridad del gobierno de Puerto Rico proviene de la Constitución de Estados Unidos. 

Como se puede apreciar, el nuevo estado de derecho que establece el caso de Ramos representa un reto para conciliar los intereses de todas las partes que la decisión impacta. Como en toda decisión judicial, siempre habrá personas a favor y en contra de la misma, pero tendrá que ser acatada. 

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