Néstor Méndez Gómez

Punto de vista

Por Néstor Méndez Gómez
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La institución democrática más importante

Ante el abandono por los partidos políticos de sus responsabilidades ante el país, durante una crisis creada por ellos, la institución más importante en una democracia tiene la palabra: la rama judicial.

Los propios políticos acuden al tribunal para que resuelva lo que ellos debieron resolver o quizás mejor, evitar.

Es importante en este momento enfatizar la función e importancia no solo de nuestro más alto tribunal, sino de la rama judicial y el sistema de justicia —en mi opinión, la institución democrática más importante de todas. Ello, a pesar de que como ya algunos la atacan, es la supuestamente menos democrática. Claro está, sin definir qué es una verdadera entidad democrática; o peor, asumiendo que las ramas ejecutivas y legislativas son las verdaderamente “democráticas”. Ello, a pesar de que el pueblo que se tiró a las calles dijo claramente que los políticos de este país, a pesar de haber sido electos (luego de ser “electos” por sus partidos), no los representan. Los que solo escucharon lo dicho contra el exgobernador, son como el peor de los sordos: el que no quiere oír.

Pero, la rama judicial no es la más importante porque las ramas políticas no han estado representando correcta ni adecuadamente a Puerto Rico. Es esta rama de los gobiernos democráticos la única que puede devolverle la libertad o propiedad a un ciudadano ante los abusos de las ramas políticas. De hecho, cuando la rama ejecutiva acusa y encarcela a una persona, típicamente a tenor de una ley aprobada por la rama legislativa, es un tribunal independiente el que puede devolverle la libertad al encarcelado. Toca también a los tribunales independientes proveer el remedio cuando las otras ramas abusan de su poder, por ejemplo, al incurrir en corrupción para beneficiar a un político, a su partido, o a sus allegados. Y, enfatizamos, independientes.

Los fundadores de los Estados Unidos de América lo tenían claro: un presidente democráticamente electo puede pretender convertirse en un rey. Y crearon un contrapeso: la Asamblea Legislativa, de por sí dividida en dos Cámara y Senado, para contrapesos adicionales. Pero una asamblea legislativa democráticamente electa también le puede hacer coro al aspirante a rey, si sus intereses políticos y económicos son protegidos por este. La relación no es muy distinta que la que existía entre los nobles que apoyaban al rey inglés antes de la Revolución Americana o los nobles que apoyaban al rey francés antes de la Revolución Francesa. Los aliados políticos se logran con dinero y poder. En aquellos tiempos y ahora. Y por eso los fundadores crearon otro contrapeso más: el poder judicial. El más frágil pero la última barrera para proteger la libertad, que al fin al cabo es la esencia y razón de un sistema democrático.

Por ello, cuando presidentes “electos” tienen aspiraciones a ser reyes o dictadores, lo primero que hacen es utilizar sus poderes ejecutivos, típicamente con el respaldo de asambleas legislativas electas juntos con ellos, para tratar de eliminar la independencia judicial. Ya sea enmendando leyes o hasta constituciones, muchas veces logran sacar a jueces independientes que puedan liberar a sus opositores políticos; reabrir un periódico o estación de televisión u ordenar que se devuelvan propiedades expropiadas a enemigos políticos.

Sí, los jueces, los tribunales independientes, son el último baluarte de libertad en una democracia. Y que frágil es esa independencia. Pero es lo que nos queda cuando los poderes legislativos y ejecutivos, dominados por partidos políticos que solo buscan el dinero y el poder, a expensas del pueblo que los eligió —hoy literalmente quebrado— no cumplen su función. Estos y aquellas instituciones cívicas, educativas y empresariales que también sean independientes de los partidos políticos. Y toca a estas últimas y a los ciudadanos que valoren su libertad, proteger la independencia de los tribunales de justicia. Es en los tribunales donde los ciudadanos esperan, como tienen derecho a esperar, independencia y objetividad. Pero para ello, a los tribunales también se les debe respeto y apoyo en su difícil encomienda y más que nada, el compromiso de proteger su independencia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará una decisión trascendental; decisión que no buscó, porque como decimos los abogados, el derecho es rogado: hay que ir a los tribunales a pedir decisiones; ellos no actúan por sí, o porque sí, como las ramas políticas. Desafortunadamente, cuando emitan su decisión, será criticada por los que discrepen. No sé cuál será la decisión ni el efecto en nuestro futuro, pero sé que, sea la que sea, hay que defender la independencia judicial ahora y siempre.


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