Erick Figueroa Hernández

Punto de Vista

Por Erick Figueroa Hernández
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La intolerancia y la cultura de corrupción en Puerto Rico

A veces nos preguntamos cómo hemos llegado a los niveles presentes de corrupción que lleva a los múltiples esquemas de robo implantados desde la propia clase política. Uno de los elementos que se pierde de vista es que las propias agencias que se suponía detectaran estos esquemas se concentraron en otras agendas. Tenemos mucho que aprender de esos errores y horrores. 

El 14 de marzo de 1974 el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, informó al país que crearía una división “capacitada para enfrentar cualquier intento de corrupción gubernamental” y, además, era de “vital importancia que el Gobierno garantice al pueblo una gestión libre de prácticas ilegales y de corrupción”. La Reforma de Justicia del 1974 fue presentada al país bajo el manto de que una división especializada fuese diseñada para atender asuntos relacionados al crimen organizado y la corrupción gubernamental. Así fue creada, por la Ley 200 de 1974, la División de Investigaciones Especiales (DIE). Esta agencia especializada operó desde el Departamento  de Justica de Puerto Rico (DJPR). Existió hasta el verano de 1978, cuando pasó a convertirse en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Una pregunta crítica que surge de esta historia es: ¿por qué existen carpetas de persecución política confeccionadas por una oficina que se creó, según el registro público, para atender el problema de “corrupción gubernamental”? En 1974, se ocultó que la aprobación de la Ley 200 del 1974 tenía intenciones ulteriores de perseguir ciudadanos por razones políticas como aquellas realizadas en la División de Inteligencia de la Policía. 

La División de Investigaciones Especiales (DIE) fue creada para criminalizar el activismo político al ligarlo con el crimen organizado y actos de corrupción gubernamental. Pero, además, dio las herramientas para carpetear e infiltrar a las uniones de trabajadores y al sector laboral en general. El ‘carpeteo’ contra la sociedad civil consistió en monitorearlas, abrirles expedientes por razones ideológicas y negarle empleo durante los procesos de reclutamiento. En el mensaje del Gobernador solo utilizó las palabras “crimen organizado” y “corrupción” al referirse a los propósitos de crear la DIE y en ningún momento mencionó como objetivo el investigar, identificar, espiar, perseguir y/o fichar a individuos, grupos u organizaciones consideradas por el gobierno del Estado Libre Asociado como ‘subversivos’.

La colección documental de la DIE-NIE cuenta con miles de folios que evidencian la violación de múltiples áreas del derecho civil, derecho humano y constitucionales. La DIE-NIE llevó a cabo persecución política contra trabajadores y un amplio sector de la sociedad civil. La ley 200 del 1974 (DIE) y la ley 38 del 1978 (NIE) tuvo un costo intelectual para el país al discriminar contra miles de jóvenes que condenaron el colonialismo y denunciaron la situación política. También tuvo el gran costo en el presupuesto delpaís al emplear cientos de personas y mantener, por más de cuatro décadas, estas operaciones. Además, el carpeteo de la Policía de Puerto Rico y del DJPR fueron parte de la creación de una estructura de persecución. El sociólogo William Julius Wilson, en su libro More than Just Race, plantea que existe una evidenciada relación entre las estructuras políticas (leyes) y la cultura o comportamiento colectivo que emerge de este ordenamiento. Plantea Wilson que las estructuras incentivan o castigan ciertos actos creando un efecto cultural.

Investigaciones históricas sobre persecución política arrojan luz sobre la aprobación de legislaciones y asignaciones de fondos públicos canalizadas a prácticas ilegales como son la persecución ideológica y la confección de carpetas políticas. Son las estructuras políticas (reglamentos, órdenes ejecutivas, legislaciones, etc.) las que dan vida a un patrón de comportamiento de represión y persecución por parte del gobierno y, a su vez, perpetúa el miedo y una actitud de corrupción que se esparce por amplios renglones sociales del país.

Ya parece un cliché decir que “estos vientos trajeron estos lodos” pero hay que aprender de la historia. Las agencias de seguridad deben dedicarse a perseguir la corrupción en todas las modalidades en que esta se expresa. Hay que tener una vigilancia eterna para que ello se haga realidad. 

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