Osvaldo Carlo

Tribuna invitada

Por Osvaldo Carlo
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La investigación cameral del chat

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, designó a juristas de los distintos partidos políticos, para que evalúen y sometan recomendaciones al cuerpo sobre el posible inicio del proceso de residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló.

No existe el requisito constitucional de obtener recomendaciones externas  para iniciar un proceso investigativo en la Cámara. Bastaría  aprobar una resolución para  iniciar la investigación  que determine si existen  bases fácticas y jurídicas para empezar el residenciamiento.

No es la primera ocasión en que el presidente cameral realiza investigaciones preliminares u obtiene el consejo de juristas antes de formalizar  una pesquisa. Algo similar hizo en el caso del representante Ramón Rodríguez, al   designar al Lcdo. Ernie Cabán para llevar a cabo una pesquisa antes de hacer un referido a la Comisión que inició el proceso investigativo.

El presidente de la Cámara no especificó los parámetros de la evaluación que llevarían a cabo los juristas, pero  surgen parcialmente de sus declaraciones públicas. Según Méndez,  los juristas tendrán diez días para someter sus recomendaciones. ¿Para que los diez días? Simplemente para leerse cuidadosamente el “chat”, concluir si de este surge preliminarmente el “potencial” de que se hubiese cometido delito y de qué  tipo.

Los juristas estarían básicamente en la misma posición del abogado a quien Rosselló ha dicho que consultó y concluyó que el gobernador  no había cometido delito. Ni los juristas Méndez, ni el abogado consultado por  el gobernador, contarían con el tiempo para  investigar a fondo  los hechos. Sin una investigación detallada de los hechos, nadie puede concluir si hubo o no  comisión de delitos.

Con lo único que contamos ahora es con la transcripción de un chat que contiene unas aseveraciones que han impactado al país. Un investigador necesariamente tendría la encomienda de indagar cuáles de estas aseveraciones potencialmente constituyen delito. Luego, el investigador tendría que establecer si los integrantes del chat, o alguien que actuó por encomienda de estos, tomaron acciones para ejecutar la acción delictiva discutida. Finalmente hay que determinar si el delito se consumó.

Un grupo de personas puede discutir la futura comisión de un delito sin que la mera discusión constituya una violación de ley. Ahora, si se toman acciones dirigidas a cometerlo, existiría responsabilidad penal, aunque eventualmente el acto criminal no se lleve a cabo.

El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación para determinar la posible comisión de delitos por parte de los integrantes del chat. Ningún Departamento de Justicia emplea tiempo y recursos en una pesquisa a menos que de la evaluación de la información inicialmente obtenida se determine que existe el potencial de la comisión de delito. Por lo tanto, la evaluación que la Cámara habrá de encomendar a juristas ya la llevó cabo el Departamento de Justicia y culminó con la apertura de una investigación.

El presidente de la Cámara muy bien pudo haber utilizado la determinación de  Justicia de abrir una investigación como base para hacer lo propio. El poder legislativo de residenciar  es mucho más amplio que el poder de acusar que ostenta  Justicia. Dicho poder legislativo es absoluto y no puede ser revisado por los tribunales, como sí ocurre con una acusación criminal.

El Artículo III Sección 21 de la Constitución de Puerto Rico establece como causas de residenciamiento la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos menos graves que impliquen depravación. La Cámara tendría que encontrar que al menos se cometió un delito menos grave que implique depravación para radicar los artículos (cargos) de residenciamiento y enviar el asunto al Senado para la celebración del juicio político.

En el proceso de residenciamiento, la determinación de si el gobernador cometió algún delito es función de la legislatura, no de Justicia ni de los tribunales. En teoría constitucional, un gobernador puede ser residenciado y separado de su cargo para luego ser acusado en un tribunal de justicia. Aun cuando el ex gobernador salga absuelto en un tribunal de los mismos delitos que dieron base a la separación del cargo, el residenciamiento se sostiene. 

Legisladores, como Nicolás Nogueras, han sido expulsados de la legislatura para luego salir absueltos en un tribunal de justicia de los mismos cargos que dieron pie a su separación del cargo. Por esto el residenciamiento, aquí y en los Estados Unidos, se considera un “juicio político”. 

A la Cámara no le hace falta la designación de juristas para que en el plazo relámpago de diez días sometan unas recomendaciones. Un proceso investigativo exhaustivo y detallado de una comisión de la Cámara, con la participación de juristas como asesores, es lo que requiere nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. 

No le imputo a Johnny Méndez el ánimo de dilatar, ya que en el pasado ha demostrado ser extremadamente cauteloso a la hora de iniciar procesos investigativos. Obviamente, este es un momento histórico en nuestra política en el que la cautela y el olfato político juegan un papel determinante.

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