José J. Villamil

Tribuna Invitada

Por José J. Villamil
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La Junta ante nuestro futuro

Apartir de la aprobación de Promesa y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la atención se ha centrado en el tema fiscal o financiero. Nadie en su sano juicio podría cuestionar la necesidad de sanear las finanzas públicas, pero de eso a pensar que al hacerlo, como se plantea en el plan fiscal de la JSF, se establecen las bases para el desarrollo económico sostenible hay un largo trecho.

Lo que la JSF y los autores de Promesa no se preguntaron es ¿qué sociedad queremos para Puerto Rico? De no contestarse esa pregunta y tener una visión clara de futuro, estaríamos como Alicia en el país de las maravillas, cuando preguntó sobre la ruta a seguir y la contestación fue que dependía de hacia dónde quería ir. Las medidas impulsadas por la JSF en su plan fiscal nos llevan a una sociedad más desigual y con más pobreza, que no es a la que debemos aspirar.

El plan fiscal de la JSF mantiene las reformas estructurales incluidas en el plan fiscal sometido por el gobierno, que son pasos en la dirección correcta. El problema surge por las medidas que le agregó la JSF. Estas son particularmente negativas al no reconocer los riesgos existentes en el entorno que harán la situación económica y social aún más precaria. Uno de esos riesgos es la reforma contributiva federal que limita las posibilidades del desarrollo industrial de Puerto Rico.

Promesa y la JSF tienen una misión clara, buscar la manera de resolver el problema de la deuda con medidas de austeridad fiscal. Las dificultades surgen de que la búsqueda de la solución al problema fiscal se hace sin considerar la complejidad del proceso económico, el contexto económico dentro del cual Puerto Rico evoluciona y las consecuencias de las medidas. En la búsqueda de la solución fiscal se pueden estar creando obstáculos al desarrollo que son irreversibles como, por ejemplo, la erosión del capital humano y el debilitamiento del marco institucional.

Las medidas que la JSF propone para los planes de pensiones, en los beneficios de los trabajadores, y en los peajes llevarían a una sociedad más desigual. Con las medidas de la JSF se amplía la brecha entre la compensación en EE.UU. y en Puerto Rico, resultando en un estímulo a la emigración y a la erosión del capital humano de la Isla. El crédito por trabajo (‘Earned Income Tax Credit”) compensa parcialmente el diferencial para algunos trabajadores pero, si no hay actividad económica y creación de empleos, su impacto será limitado.

Las medidas con respecto a la UPR debilitan la institución. Su recuperación será muy difícil y tomará décadas. Nada más la pérdida de su capital humano representa un obstáculo inmenso para la reconstrucción de la institución. Reducir las pensiones no solamente afecta de manera negativa los retirados, sino que tiene que entenderse como parte del contrato de empleo del personal universitario, que acepta sueldos muy bajos porque entiende que al final de su carrera habrá una pensión adecuada. Pensar que los docentes que encuentren trabajos mejor remunerados fuera de Puerto Rico regresen es ilusorio. Nadie cuestiona la necesidad de mejorar la eficiencia de la UPR y de reducir su dependencia en la fórmula como fuente de financiamiento. Cómo hacerlo sin debilitar la institución es lo que la JSF aparentemente no evaluó.

Considerar estos impactos parecería tan obvio que la pregunta obligatoria es por qué no se incorporó en los procesos de la JSF. Hay varias explicaciones, pero posiblemente la más importante es que la composición de la JSF responde a la misión que le encomienda Promesa, limitada al tema fiscal o financiero. Otra explicación es la utilización de asesores económicos que practican lo que llamamos “economía mecánica”. En su acercamiento al análisis económico se pretende sustituir una espúrea precisión matemática por el análisis cuidadoso y sistémico de las implicaciones de las medidas de política fiscal. El plan fiscal de la JSF provee muchos ejemplos en que esa supuesta precisión numérica no es otra cosa que especulación enmarcada en modelos matemáticos.

En fin, muchas de las medidas que exige la JSF tienen consecuencias en las condiciones económicas y sociales que en el futuro harán muy difícil el desarrollo económico sostenible. Para resolver el problema fiscal se puede poner en riesgo el futuro del país. En fin, el costo social es muy grande y los beneficios inciertos. El punto de partida del plan fiscal de la JSF debió haber sido la contestación a la pregunta: ¿Qué sociedad queremos para Puerto Rico? y de la contestación derivar las estrategias y las medidas necesarias para lograrla.

La empresa con la que el autor está asociado tuvo un contrato con la Junta de Supervisión. Recibe una pensión de la UPR, donde fue profesor por 34 años.

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