Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
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La Junta contra Rosselló

Hoy se presentó un procedimiento adversativo dentro del caso de Título III por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el gobernador Ricardo Roselló por el incumpliendo de su parte del Plan Fiscal certificado el 13 de marzo del 2017. El gobernador se resiste a cumplir con las enmiendas relacionadas a la reducción de jornada, eliminación del bono de navidad, la modificación de los sistemas de retiro y la reducción de los beneficios como parte de la Ley PROMESA.

La “luna de miel” entre la JSF y el Gobierno del ELA llegó a su punto culminante y posiblemente a su fin. La JSF solicita al Tribunal Federal , bajo el mismo caso que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain , y bajo el poder que le otorga la sección 104(k) de PROMESA que se declare que el Plan Fiscal certificado incluye las enmiendas sobre la reducción de jornada y modificación de los sistemas de Retiro y que son mandatarias y obligatorias para el Gobierno del Estado Libre Asociado, que Rosselló debe cumplir con estas enmiendas y aplicarlas, y que se establezca un interdicto que prohíba al Gobernador incumplir con estas enmiendas y que las trate como parte del Plan Fiscal del “Commonwealth del ELA” certificado.

La JSF resalta en su demanda que el Plan Fiscal es aprobado a “su sola discreción” por ellos y que una vez aprobado y certificado el Gobernador debe cumplir con todas sus partes de acuerdo con la sección 201 de PROMESA. El Gobernador debe cumplir con la reducción de la jornada laboral a los empleados públicos a partir del 1ro de septiembre del 2017 y con la modificación a los planes de retiro.

El Gobernador bajo la sección 201(e) envió una carta al presidente y al Congreso de Estados Unidos sobre su posición de no cumplir con las enmiendas al Plan Fiscal bajo el argumento que la sección 205 de PROMESA no autoriza a la JSF a intervenir en la política pública del Gobierno del ELA. Carta que a esta fecha no ha sido contestada por ninguna de las instituciones federales.

La demanda radicada señala las ocasiones en que el Gobernador y la Legislatura han indicado que no cumplirán con las enmiendas del Plan Fiscal. Una forma de resaltar el incumplimiento fiduciario del gobernador y la Legislatura con los objetivos de PROMESA de corregir la situación financiera y falta de transparencia en sus finanzas de Puerto Rico e insertarlo nuevamente en los mercados de crédito.

Le toca a la jueza Laura Taylor Swain determinar quién tiene el poder sobre las modificaciones financieras y ajustes de deudas que requiere PROMESA a través de un Plan Fiscal: la JSF o el gobernador. La decisión sobre la controversia presentada será la guía y el poder que tendrá la JSF sobre los demás casos de Título III y sobre los próximos cuatro presupuestos balanceados que requiere PROMESA para enderezar las finanzas del país y para que finalmente se pueda ir de Puerto Rico. 

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