Carlos Dalmau Ramírez

Tribuna Invitada

Por Carlos Dalmau Ramírez
💬 0

La Junta gobierna y ¿ahora qué?

La jueza Laura Taylor Swain confirmó lo que ya se sabía.  La ley federal Promesa concede a la Junta de Supervisión Fiscal el poder de imponer medidas de política pública, independientemente de que el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico las rechace. Este poder, según concluye el Tribunal, surge de la estructura y el fin expreso de la ley.  Salvo sean revocadas, las dos sentencias confirman que el presupuesto que rige en Puerto Rico es el de la Junta y no el que aprobó la Legislatura y firmó el gobernador.   ¿Ahora qué?

En la opinión se argumenta que este poderoso espacio de autoridad del que goza la Junta no convierte al gobernador electo en un funcionario “irrelevante y sin dientes”.  El gobernador y la Legislatura pueden legislar y ejecutar política pública, siempre que a los ojos de la Junta cumplan con Promesa y con el plan fiscal.  La ley provee para un proceso de comunicaciones, recomendaciones y revisiones mutuas. Pero si al final, la Junta concluye que el presupuesto, las acciones del ejecutivo o la legislación local son contrarias a la ley Promesa o al Plan Fiscal, la Junta gana.  

Entonces, ¿la estructura de gobierno de Promesa usurpa poderes del gobernador y de la Legislatura?  Así es.  ¿Quién se sorprende de esto a esta etapa del juego?  Así se escribió la ley Promesa y así queda plasmado en el historial legislativo del Congreso. La ley Promesa le concede la autoridad exclusiva de aprobar el Plan Fiscal y asegurar su cumplimiento.  Este poder, y así lo anticipaba el legislador, inevitablemente trae choques con el gobierno local. Así ha ocurrido en todas las jurisdicciones donde se impone una Junta.   

Desde una perspectiva jurídica, el Tribunal ha fortalecido la mano de la Junta al interpretar la ley Promesa de esta forma.  Desde el punto de vista de la gobernanza democrática, esta decisión no es más que la expresión judicial de una ley anti-democrática impuesta por el Congreso y firmada por el presidente.       

¿Y ahora qué?  ¿Nos resignamos a la queja “simbólica” y a movidas que enardecen las gradas, pero que carecen de impacto real?   ¿O es posible emprender un camino democrático concreto, independientemente de nuestras divisiones en materia de status? 

Se me ocurre plantear un camino hacia la restauración democrática de Puerto Rico enfocado en cuatro áreas

1) finalizar la reestructuración de la deuda para que Puerto Rico vuelva a crecer y tenga acceso a los mercados; 

2) la terminación de la Junta; 

3) acordar un mecanismo constitucional que garantice presupuestos balanceados y evite el endeudamiento desenfrenado; y 

4) el inicio de un verdadero proceso de auto-determinación, con credibilidad, que alcance apoyo del Congreso y de Justicia federal. 

Estas cuatro áreas deben atenderse en paralelo y de forma inmediata, aunque los avances serán escalonados y no se verán de inmediato.  

¿Es esto posible?  Ojalá que sí.   Si dejamos que nos venzan las rencillas partidistas y las divisiones ideológicas de siempre,  tendremos Junta para largo rato.  En Washington tendrán excusa para la parálisis o, peor aún, para seguir menoscabando nuestra democracia.  No hay tiempo que perder. 

Otras columnas de Carlos Dalmau Ramírez

lunes, 17 de septiembre de 2018

La verdad a un año de María

Carlos Dalmau señala que en Washington y en Puerto Rico se ha encumbrado una nueva casta de engañabobos

💬Ver 0 comentarios